Santo Domingo, República Dominicana • Jueves 23 de Septiembre, 2021

MP devela “modus operandi” utilizaban implicados Operación Coral para justificar patrimonio

MP presenta acusación contra implicados Operación Coral.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que los imputados entraron en un proceso conocido “como legitimación de bienes ilícitos”.

Santo Domingo.- El Ministerio Público (MP) estableció este miércoles en audiencia que la red supuestamente liderada por Adán Cáceres Silvestre, exjefe de la seguridad presidencial de Danilo Medina, no creó, extrañamente, ninguna alerta dentro del sistema financiero nacional a pesar de todo el dinero que movieron durante ocho años.

“Es muy raro que no se produjera una alerta, ni un solo reporte de actividad sospechosa”, estableció la fiscal Marinel Brea, mientras imputaba al coronel Rafael Núñez de Aza.

Los fiscales indican que Núñez de Aza manejó, en una sola cuenta bancaria, la suma de RD$177 millones en una cuenta corriente. “Eso es una sola cuenta, no empresarial, sino corriente, a su nombre”, dijeron.

Indican que se produjo “una unión simbiótica” entre Núñez de Aza y Cáceres Silvestre.

“Esta unión no fue fortuita. El coronel tiene experiencia en gerencia financiera. Lo utiliza el general en el Cusep como gerente financiero y también ostenta la misma posición de gerente financiero en Cestur, dos instituciones que dependen de fondos públicos”, señaló Brea en la audiencia de medida de coerción.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que los imputados entraron en un proceso conocido “como legitimación de bienes ilícitos”.

Los fiscales aseguraron que Núñez de Aza ganaba RD$70,000 mensuales en el Cusep y RD$73,000 en el Cestur.

“Tuvo una carrera vertiginosa, en tiempos record: el 16 de agosto de 2012 fue ascendido al rango de mayor, a 5 meses de ser capitán. El 1 de marzo de 2016 ascendido a teniente coronel y 1 de marzo de 2020 a coronel, que es su actual rango”, precisó Brea.

“Este ciudadano no entra a la Policía a través de una academia, entra por recomendaciones que es quien lo pone como gerente financiero del Cusep, Adán Cáceres”, adujeron.

Información confidencial
El MP dijo que Raúl Alejandro Girón Jiménez, imputado en el caso Operación Coral, tenía una habitación “con tecnología de primera” donde tenía informaciones de las instituciones castrenses del Estado dominicano.

El fiscal Miguel Collado, encargado de presentar la acusación preliminar contra el imputado, marcó que ese “cuarto con tecnología de primera” tenía un servidor más potente que el de cualquier institución grande del Estado.

Revelaron que en consultas que han hecho con especialistas del área se han enterado que grandes instituciones tienen servidores con capacidad de 2.0 terabytes mientras que el encontrado a Girón Jiménez, que es mayor del Ejército, era de 60 terabytes.

Además que en ese servidor se alojaban informaciones confidenciales de instituciones castrenses del Estado y que tiene un costo estimado de RD$16 millones.

Calificó al imputado como clave en la maniobra fraudulenta del supuesto entramado militar encabezado por Cáceres Silvestre.

Los fiscales señalaron que se desempeñaba como director de tecnología y comunicaciones del Cestur con salario de RD$69,000. También era programador de nómina en el Cusep desde el 2017 al 2020.

Uno de los hallazgos de las investigaciones de la Procuraduría es que se detectaron 123 “transacciones RTE”, que son alertas que emiten entidades financieras cuando un cliente realiza una transacción más allá del límite establecido.

Esas 123 transacciones identificadas involucraron un monto de RD$122 millones.

El fiscal dijo que pudieron verificar dentro del patrimonio del imputado cuatro vehículos, incluyendo dos Tesla, años 2020 y 2019.

Además de 12 inmuebles registrados, entre los que la Procuraduría habla de megas infraestructuras, se encuentran una casa en Colinas del Oeste valorada en RD$58 millones y un apartamento en una torre en Piantini, valorado en RD$27 millones.

La Pepca indicó que el patrimonio del imputado asciende a más de RD$200 millones, teniendo el rango de mayor del Ejército.

“El dinero ganado en salarios no llega al 5 % del patrimonio total que se le asocia”, dijo el fiscal.

Los investigadores han establecido que, en promedio, entre RD$3.5 y RD$5.5 millones mensuales recababan de las instituciones los supuestos encargados del entramado militar.
Además señalan que recabaron más dinero a través de procesos fraudulentos con la alimentación del personal y las investigaciones especiales designadas por las entidades.

El fiscal dijo que el imputado poseía sellos de auditorías interna de la Contraloría General de la República, que supuestamente fueron falsificados para “que el dinero saliera más rápido”.

Patrimonio Adán
Wilson Camacho dijo que no hay forma de justificar sin préstamos el crecimiento del patrimonio de Cáceres Silvestre.

“No hay que ser un genio para que si uno hace una relación entre los ingresos que tenía el imputado Adán Cáceres Silvestre hasta ese momento siendo él el único que incorporaba ingresos a esa comunidad de bienes (Inverosa) no hay forma de justificar sin préstamos esta adquisición de bienes”, manifestó el titular de la Procuraduría de Persecución.

Según Camacho, este obtuvo dos costosos inmuebles a poco tiempo de haber sido ascendido al rango de mayor general y nombrado jefe del Cusep, el 16 de agosto de 2012.

Para el 11 de enero del siguiente año adquirió su primer inmueble de 420.6 mts por un monto de RD$1.3 millones, sin ningún financiamiento.

Luego, para el 8 de febrero, menos de un mes después de su designación, adquirió un segundo inmueble de 400.8 mts por un valor de RD$9 millones.

Al presentar su declaración jurada de bienes, declaró ser parte de una empresa llamada Inverosa en la que había invertido unos RD$3 millones.

En la misma empresa, el 85 % de las acciones pertenecían a la pastora Rossy Guzmán Sánchez mientras que el contador era Núñez de Aza, ambos coimplicados en la investigación.

Lavado de activos
Camacho agregó que hubo préstamos, como un primer crédito por RD$6.2 millones el 22 de febrero de 2013, antes de adquirir los mencionados inmuebles.

“En cualquier manual (sobre lavado de activos) estas son formas en las que se plantean el lavado de dinero; o sea, tienes un dinero que has obtenido de forma ilícita y una forma de dar apariencia lícita es obtener un préstamo”, añadió. Por lo que, el préstamo, según el magistrado, se pagaría con el dinero ilícito.

Rol pastora
Mientras que el Ministerio Público informó que, la pastora Rossy Guzmán ha estado en el centro de la investigación.

A la religiosa se le acusa de servir como vínculo administrativo de las compañías de Núñez de Aza, señalado como el “cerebro financiero” del supuesto entramado, y del jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres Silvestre, acusado de encabezar el referido grupo.

En la audiencia el Ministerio Público afirmó que la relación comercial entre Guzmán y Núñez de Aza empezó en 2006 con la creación de la empresa Inverosa, donde la pastora tenía el 85 por ciento.

Igualmente afirmaron que la misma continuó con la fundación de Único Real Estate S.R.L., que a su vez fue constituida como base de la empresa CSNA, que está bajo el nombre de Núñez de Aza y Cáceres Silvestre.

Las autoridades indicaron que el objetivo del entramado era ocultar los presuntos bienes ilícitos adquiridos por los imputados, para ser posteriormente introducidos al mercado, a través de Único Real Estate.

En esta compañía Guzmán tiene el 60 por ciento de las acciones y su hijo Tanner Flete Guzmán, posee el resto.

Además, el Ministerio Público aseguró que el rol de estas compañías era “blanquear” las supuestas actividades ilegales del grupo, en instituciones como el Cestur y el CUSEP.

Similarmente indicaron que Único Real Estate, a pesar de que mantenía la fachada de una compañía de compra y venta de bienes raíces, sólo se dedicaba a la adquisición de bienes, ya que no hay reportes ninguna actividad comercial que caracterizan a estas empresas.

El Ministerio Público también aseveró que la religiosa y su hijo no solo eran los únicos accionistas de la mencionada compañía, sino que también eran sus únicos empleados.

Por igual, ambos trabajaban en el CUSEP bajo las órdenes de Cáceres Silvestre, quien fue el titular de esa entidad.

Otra acusación en la que se centró el Ministerio Público fue la de que, en su estimación, ni la pastora ni su hijo podían justificar el hecho de que ambos presidían una compañía con tantas actividades de compra como lo es Único Real Estate, sin exhibir los bienes que corresponderían a los dueños de una empresa como la anteriormente mencionada.

 

 

 

 

 

 

 

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