San Cristóbal.- La solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación rechazó los incidentes de inadmisibilidad y nulidad de la medida de coerción planteados por las defensas de los imputados del Caso Larva.
El órgano de la acusación le solicitó al tribunal que el caso sea declarado de tramitación compleja y que les imponga 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a los 15 imputados que integraban una red criminal de lavado de activos del narcotráfico.
La titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, explicó que el tribunal rechazó los incidentes luego de que el Ministerio Público demostrara que había depositado la solicitud de medida de coerción en tiempo hábil.
Al responder preguntas de la prensa sobre los múltiples incidentes planteados por las defensas durante el proceso, dijo que luego de ser rechazados recurrieron en oposición, ante lo que el tribunal confirmó su decisión.
La representante del Ministerio Público detalló también que la defensa solicitó que no se les permitiera hablar a los fiscalizadores que le acompañan a ella en el conocimiento de esta medida y que el tribunal también le rechazó ese incidente.
“Ese incidente fue rechazado porque demostramos que ellos (los fiscalizadores) tenían la calidad para participar en la misma, de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11) y también ese pedimento les fue rechazado”, destacó.
Nova Cabrera aseguró que el Ministerio Público está preparado desde el primer día para conocer la medida de coerción. “Estamos completos, pero la defensa ha planteado varios incidentes; el Ministerio Público está listo y continuamos el martes a las 3:00 de la tarde”, resaltó.
El órgano de la persecución penal está representado además por los fiscales Ramona Santana Uceta, titular interina de San Cristóbal, Eduardo Velásquez y Elvira Rodríguez, así como por los fiscalizadores Luis Alberto García, Daryl Montes de Oca, Laura Segura y Fanny Garabito.
La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Katherine Rubio Matos, inició la audiencia en horas de la tarde del jueves y concluyó cerca de la medianoche cuando decidió suspender hasta el martes el conocimiento de la coerción.
En audiencias anteriores, también había rechazado otros incidentes de las defensas, entre ellos uno con el que pretendían que la medida se conociera en la jurisdicción del Distrito Nacional.
El Ministerio Público sometió por este caso a los imputados Domingo Ventura, Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o el Italiano).
También, a Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suárez Díaz (Ojitos).
En tanto que como entidades con personería jurídica, la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y Financiera GDNIPI, S.R.L.
El pasado 27 de octubre el Ministerio Público desmanteló la red de lavado de activos en coordinación con el Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC) y la Dirección de Investigaciones Financieras (Difla) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Los involucrados en el Caso Larva forman parte de una organización criminal dedicada a traficar drogas y a lavar activos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala, ha establecido el Ministerio Público en el transcurso de las pesquisas.
El entramado criminal está vinculado a una red de narcotráfico denominada Corona, que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país la cantidad de 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada, por la costa de Nigua, provincia San Cristóbal, en una embarcación proveniente de Colombia.
El 15 de septiembre de 2020 la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo presentaron acusación contra José Aníbal González Luna, José Aníbal González Cubilete (el Don), Manuel Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames y otros 12 implicados en el Caso Corona, en el que las autoridades ocuparon un arsenal, incluyendo tres fusiles y una metralleta.
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