Santo Domingo.- La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) emitió tres dictámenes, uno de ellos escrito por el magistrado Justiniano Montero Montero, juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de República Dominicana, sobre las exigencias éticas frente a un exceso en la invocación de inhabilidades para juzgar.
En sus conclusiones, Montero Montero aseguró que la dimensión ética de las inhibiciones injustificadas de los jueces tiene efectos negativos en la tramitación y celeridad de los procesos.
“Un abuso de las abstenciones puede encubrir actitudes dilatorias, reflejar problemas de objeción de conciencia y aumentar la carga judicial”, explicó en su dictamen.
Sostuvo que el abuso del derecho a la inhibición puede afectar el curso adecuado de la administración de justicia cuando atenta contra el principio de celeridad procesal, cuestión que los integrantes de la judicatura deben sopesar, particularmente cuando se aleguen causas que no se correspondan con las reguladas por el ordenamiento de cada país.
En sus recomendaciones, el también comisionado nacional ante la CIEJ, señaló que los sistemas de justicia deben adoptar medidas sobre el abuso de la inhibición por los integrantes de la judicatura, con enfoque ético, cuando atenta contra la efectividad administrativa, la legitimidad de los sistemas y la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho.
Otros dictámenes
A propósito del auge en el uso de la inteligencia artificial en los poderes judiciales de Iberoamérica, la CIEJ produjo su vigesimocuarto dictamen sobre el uso ético de la inteligencia artificial en la labor jurisdiccional, del juez de la Corte Suprema de Costa Rica, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez.
En sus reflexiones el Sánchez Rodríguez afirmó que la inteligencia artificial afecta determinados derechos fundamentales: la intimidad, la privacidad y la protección de datos personales, lo que considera constituye un reto al entender que el procesamiento de la información podría ser realizado por empresas privadas sobre las cuales el Estado podría no ejercer control.
“La inteligencia artificial puede colaborar en múltiples tareas dentro del sistema judicial, pero la labor de juzgar debe seguir siendo una función propia de las personas juzgadoras, que deben tener la capacidad de comprender el espíritu de las normas y las implicaciones de cada caso concreto", indicó.
El juez costarricense consideró importante el monitoreo de los sistemas de inteligencia artificial para verificar que no estén replicando o aumentando sesgos ya presentes en las bases de datos originales; de igual forma, "deben establecerse sistemas de control y vigilancia informática para prevenir cualquier tipo de vulneración”.
Mientras que el dictamen sobre la proyección pública de la vida de los jueces y su relevancia ética, de la comisionada del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Farah Saucedo Pérez, precisó que la vida privada del juez debe atender tres elementos fundamentales: la protección de los derechos individuales del juzgador, la ponderación del impacto de ese acto de su vida privada en la función que realizan y la gravedad de la ofensa, en atención a la percepción que la comunidad tiene de la conducta de los jueces.
En el documento Saucedo Pérez abogó por una reforma del Código Iberoamericano que incluya alguna referencia a la conducta de los jueces en las redes sociales, en relación con su vida privada y su impacto en la impartición de justicia.
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