Santo Domingo.- El abogado Ángel Lockward admitió en audiencia parte de las imputaciones en su contra en el caso Calamar, y se declaró a disposición de colaborar con el Ministerio Público (MP) en la investigación que lleva a cabo.
A Lockward se le había pedido medida de coerción consistente en prisión preventiva y tras sus declaraciones en la audiencia el MP le cambió la petición a prisión domiciliaria e impedimento de salida del país.
En la solicitud de medida de coerción, la entidad señaló que el abogado había realizado acciones para ejecutar procesos ilegales de pagos por expropiaciones de terrenos.
Dijo que se realizaron “procesos ilegales de deuda pública para distraer miles de millones de pesos del patrimonio del Estado dominicano” y así beneficiarse de manera personal y a la vez obtener fondos ilícitos durante los años 2019 y 2020, para financiar la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
También se encuentran implicados Gonzalo Castillo, ex ministro de Obras Públicas (MOPC); Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda y José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la Presidencia, como principales encartados.
Otro culpable
De su lado, el imputado Alejandro Antonio Constanzo Sosa admitió que prestó su nombre para la red del caso Calamar y ha sido el segundo implicado que pasa a colaborar con el Ministerio Público junto a Lockward.
Las admisiones se produjeron en el conocimiento de la mediad de coerción del caso, este viernes en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
A Constanzo Sosa se le acusa de captar expedientes para la supuesta red. Ese trabajo consistía en identificar bienes “que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, y así lograron que el Estado erogara fondos, en base a maniobras fraudulentas, que retornaban en beneficios económicos a los funcionarios públicos y particulares que formaban parte de dicha organización criminal”.
El Ministerio Público dice que luego de captar esos casos, cosa que también hacía supuestamente Antonio Lujan Mercedes Rijo, los ponían en contacto con el abogado Lockward.
“De igual forma se encargaba de las negociaciones con los demás miembros de la estructura, entre ellos Emilio Rivas, Belkis Tejada, Claudio Silver Peña, Fernando Crisóstomo y Álvaro Crisóstomo, primero para fijar un precio a los propietarios de los terrenos, y luego para aumentar este precio al Estado con el fin de distribuir el excedente entre los miembros de la estructura, en perjuicio del Estado dominicano”, señala el Ministerio Público.
Los imputados están detenidos desde 18 de marzo cuando comenzaron los allanamientos.
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