Santo Domingo.- La Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO) rechazó este jueves las declaraciones que han emitido los fiscales Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); Osvaldo Bonilla, fiscal de Santiago y la procuradora fiscal de la provincia Duarte, Smailey Rodríguez, luego de que se variara la prisión preventiva de varios implicados en casos de corrupción.
Un comunicado firmado por la presidente de la entidad, Elka Reyes Olivo, señala que esas “expresiones injuriosas” en contra de los miembros del Poder Judicial (PJ), obedecen a prácticas populistas.
“Invitamos a los procuradores antes señalados, a seguir utilizando sus reconocidas competencias en la persecución penal y el fortalecimiento de su institución, sin acudir a estas prácticas populistas de uso de medios de comunicación para emitir acusaciones graves, difamatorias e injuriosas en contra de quienes integran la judicatura, pues esta conducta además de afectar al Poder Judicial y a la nación, afectan la respetabilidad y dignidad que conlleva su calidad de miembro del Ministerio Público”, señala el comunicado.
Bonilla y Rodríguez cuestionaron la decisión jurisdiccional de la jueza Yiberty Marín Polanco Herrán, por imponer medidas de coerción distintas a la prisión, así como la variación de medida de coerción impuesta por el juez Job García Hurtado, además de la decisión jurisdiccional del juez Darvin López que impuso medidas de coerción distintas a la solicitada.
Tras la variación de la medida de coerción de Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner y Rafael Núñez de Aza, Wilson Camacho, indicó que “este país es el único en el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los procesados por casos de corrupción".
Explica, además, que el proceder de los procuradores, lanzando “ataques y acusaciones” y del procurador adjunto, Camacho, realizando expresiones injuriosas en contra de la magistrada Yanibet Rivas, resquebraja la institucionalidad e independencia de ese poder del Estado, su autonomía y la majestad de la justicia.
Indica que todos los jueces actuaron en el marco que les confiere la ley y que la ley dominicana no contempla el debate o contradicción de casos en los medios de prensa, ya que es en los tribunales, que de forma oral y contradictoria se presentan y discuten los argumentos de derecho.
“Reiteramos nuestra preocupación en cuanto al daño que es capaz de producir abandonar el orden legal e institucional, sustituyéndolo con prácticas populistas que se apartan de las reglas del debido proceso y que afectan significativamente las relaciones institucionales, la independencia judicial y el clima de seguridad jurídica de la nación”, aduce.
A su vez, instó al Consejo Superior del Ministerio Público, a reforzar a través de cursos de formación, el debido comportamiento “ético de estos miembros del Ministerio Público”.
Cargando ...