Santo Domingo, República Dominicana • Domingo 26 de Septiembre, 2021

Justicia y Transparencia dice procesos virtuales perjudica economía y viola derechos constitucionales

Trajano Potentini presidente de la Fundación de Justicia y Trasparencia. (Foto: externa)
Trajano Potentini, presidente de la FJT, explicó que no se trata solo del derecho al trabajo, que les asiste a los profesionales del Derecho, sino también de la economía del país, que requiere para su operatividad, tributar y hacer negocios con una logística efectiva y un clima de facilidades.

Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) aseguró que el cierre desproporcionado y los planes de virtualizar la justicia casi en su totalidad, daña la economía y viola derechos constitucionales de los dominicanos, a quienes consideró, se encuentran restringidos y con un escaso acceso a los servicios más básicos e indispensables para la vida en sociedad.

La entidad cívica, mediante un comunicado, precisó este viernes, que ve con mucha preocupación la poca movilidad y cuello de botella existente en el sector financiero con los contratos e hipotecas, entre otros servicios de la jurisdicción inmobiliaria y de estamentos también pertenecientes al Poder Judicial (PJ), con un acceso muy limitado para los ciudadanos y usuarios que gestionan alguna operación comercial.

Trajano Potentini, presidente de la FJT, explicó que no se trata solo del derecho al trabajo, que les asiste a los profesionales del Derecho, sino también de la economía del país, que requiere para su operatividad, tributar y hacer negocios con una logística efectiva y un clima de facilidades, en la actualidad ausente y más grave aún sin contar con la indispensable intermediación de la justicia y el profesional del derecho, incluyendo abogados, notarios, alguaciles y otros.

Potentini reconoció que perfectamente podría ir consensuándose y preparando la necesaria reingeniería legislativa y administrativa, que habría que hacer para aprovechar el uso y las virtudes de la tecnología, específicamente en las áreas donde la naturaleza y particularidad de los servicios así lo permita, fundamentalmente en operaciones de mero trámites, tales como acoger el testimonio de personas que están fuera del país, consulta de expedientes, recepción de documentos, deliberación de jueces de forma virtual, entre otros; no así para la mayoría de las audiencias penales, en las cuales, al igual que otros servicios estarían sometidos a un mayor rigor de plazos y garantías constitucionales, como el debido proceso de ley y la tutela judicial efectiva, escenarios donde no sería viable la virtualidad.

“Finalmente, dejamos en el ánimo del país, algunos de los escollos que habría que superar con los pretendidos planes de la virtualización y hoy justicia muy limitada en sus operaciones; Primero: El derecho fundamental al acceso a la justicia restringido bajo las condiciones proyectadas, solo a los dominicanos que tienen celular e internet; Segundo: El despido masivo de personal del Poder Judicial por el nuevo enfoque de la virtualización; Tercero: La reglamentación de carácter general y en asuntos judiciales que estaría resolutando el Consejo del Poder Judicial, un órgano limitado a la administración y disciplina de los asuntos internos del Poder Judicial, vulnerando además el principio de legalidad y de jerarquización de las leyes sobre las resoluciones; Cuarto: Violación al juez natural, en el conocimiento asignación de expedientes; Quinto: El principio de publicidad en las audiencias, en fin no podríamos ni siquiera imaginar cómo sería el cantarle a un imputado de forma virtual, 30 o 40 años, o una subasta de forma virtual para la adjudicación de un bien inmueble, entre una larga lista de situaciones ajenas a la virtualidad”, dijo.

 

 

 

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