Santo Domingo.- El especialista en asuntos inmobiliarios, Stalin Ciprián, llamó este lunes con carácter de urgencia al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Luis Henry Molina, a intervenir el departamento judicial de la provincia La Altagracia por supuestas irregularidades.
Explicó que su llamado surge a propósito de las denuncias de acciones vandálicas de malhechores, con el presunto involucramiento de varios directores de mensuras catastrales.
Ciprián reclamó que se escuchen las quejas de los usuarios de los servicios inmobiliarios, que se les den las respuestas correctas, para corregir los actos cuestionables, “para que la seguridad jurídica sea el norte a seguir”.
El jurista sugirió a las altas instancias judiciales, instalar un segundo Tribunal de Tierras y que el CPJ actúe ante las denuncias de actos incorrectos que se han presentado contra funcionarios de la jurisdicción, por ser el órgano superior y tener el control disciplinario de los jueces.
Al ser entrevistado en el programa “Así Vamos, con Héctor Guzmán”, que se difunde por TRA Teleradio América, Ciprián dijo que se han hecho denuncias concretas, sin recibir la más mínima reacción al respecto.
Continuó que “esas denuncias las han presentado personal que trabajan en la jurisdicción, acusando a sus superiores de conducta impropia y el CPJ no ha dado respuesta de esa situación”.
Lamentó que algunas de esas querellas, hace más de tres y cuatro años que las hicieron, y que a pesar de eso se mantengan en sus puestos los mismos actores… “las hacen dormir, apañan situaciones, a partir de consejeros de la zona del este que mantienen una relación de amistad con los que están ahí, entonces ocultan esos procedimientos para mantener su hegemonía…”, dijo.
Citó el caso ocurrido en la zona de Cabeza de Toro, Bávaro, en el que la firma Land Castle Company, Inn, cuyos accionistas han denunciado públicamente que le han inventado sobre su terreno una permisología y que personas armadas les han ocupado sus terrenos, entre otros, impidiéndoles ejecutar su proyecto turístico.
Manifestó que estas irregularidades denunciadas afectan la seguridad jurídica en un área que para todo el país es muy delicada, por tratarse de la principal región turística del país como Bávaro y Punta Cana, entre otras.
Ciprián dijo que los abogados “estamos cansados y aunque tenemos un interés pecuniario, nuestro afán es servir y llevar el conocimiento de las leyes para que se respeten los derechos de las personas”.
Indicó que cuando se inicia un proceso, los profesionales del Derecho sienten que no hay imparcialidad y que no se juzga según las normas de igualdad con que se deben juzgar los ciudadanos.
En otra dirección, el experto en temas inmobiliarios también se quejó de que, si bien se han producido algunos cambios últimamente en esa área judicial, la mayoría de las autoridades tienen más de cinco y seis años en el cargo.
“Acudimos como ciudadanos y hacemos un llamado al presidente de la SCJ, el CPJ y el Poder Legislativo, para que hagan una revisión de cómo se está sirviendo la justicia en esta provincia, cuáles son los actores y cuáles son sus correcciones”, se escuchen las quejas de los usuarios y que le demos respuestas, significó Ciprián.
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