Santo Domingo.- El jurista Francisco Álvarez (Pancho), consideró que los plátanos encontrados en la caja fuerte, durante el allanamiento al exprocurador general de la República (PGR), Jean Alain Rodríguez, principal imputado en la Operación Medusa, fue el detonante final para que se otorgara la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva a cumplirse en Najayo.
El abogado había señalado previo a la decisión final de la magistrada Kenya Romero, que este caso estaba mejor preparado para la prisión preventiva que los casos anteriores, porque el imputado principal había intentado salir del país, además de la destrucción de elementos probatorios.
“No se necesitaba el plátano para la prisión preventiva, sin embargo este elemento tan popular en el país, le puso la tapa al pomo y ya no había nada que buscar”, agregó.
Álvarez manifestó que ahora con la medida de coerción es cuando formalmente se inicia la etapa de la investigación, donde el Ministerio Público (MP) confirmará y obtendrá nuevos datos y puede excluir algunos de los ya imputados e incluir otros nuevos, de aparecer evidencias que comprometan responsabilidad.
“De hecho la magistrada Yeni Berenice Reynoso, anticipó que han aparecido nuevas evidencias y que puede haber cargos más graves que involucren a otras personas”, señaló al ser entrevistado en el matutino El Día.
Agregó que esta etapa se cierra cuando el MP esté listo para presentar acusaciones, por lo que estima que en términos de tiempo en este caso considerado complejo, el órgano acusador, tratará de probar las 19 situaciones de hechos que presentaron.
El jurista indicó que por la complejidad del caso se estima que pueda tardar de tres a cuatro años para conocerse la decisión final.
Medidas de coerción
De los demás imputados en el caso Medusa a Jonathan Joel Rodríguez Imbert y Alfredo Alexander Solano Augusto la magistrada Romero le impuso la misma medida de coerción, de 18 meses de prisión preventiva, debido al mismo temor de que “se sustraigan del proceso”.
“Respecto a los demás privados de libertad en la medida de coerción, la jueza motiva que estos poseen las facilidades de sustraerse del proceso, situación que pondría en riesgo los medios de pruebas durante el desarrollo del mismo”, apuntó en una nota suministrada por el Poder Judicial.
Por otra parte, Javier Alejandro Forteza Ibarra fue enviado a prisión, por su experiencia en el área de tecnología, lo que lo convierte en un peligro para el desarrollo del proceso.
Las otras medidas de coerción dictadas por la magistrada fueron prisión domiciliaria preventiva a Rafael Antonio Mercedes Marte, Altagracia Guillén Calzado y Jenny Marte, “tomando en cuenta que no representan un riesgo en la investigación o los medios de prueba, ya que su acceso resulta precario, por lo que es posible se puedan presentar al proceso sujetos a una medida distinta a la solicitada”.
A Miguel José Moya le dictó garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica por ser una persona identificable en los registros públicos y no representar una obstaculización de los medios de prueba.
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