Santo Domingo.- Los magistrados Gissel Méndez y Juan Mateo Ciprian, jueza de lo penal del Distrito Nacional y fiscal titular de la provincia María Trinidad Sánchez, respectivamente, coincidieron en la necesidad y urgencia de aprobar en la República Dominicana, una ley de extinción de dominio, para lograr una mayor efectividad en la lucha y persecución del crimen organizado.
Las declaraciones de los juristas y servidores judiciales, se produjeron en el marco de la celebración de un panel especializado sobre “La Extinción de Dominio y la Criminalidad Organizada”, auspiciado por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), con la asistencia de un nutrido grupo de abogados y periodistas, donde destacaron su viabilidad constitucional y pertinencia.
Méndez explicó que apenas se recupera el 1 % de los bienes y dineros que son defraudas o robados, bajo diversas modalidades de crímenes, y lo peor aún, es el abuso y aprovechamiento que hacen los abogados del tecnicismo legal para eternizar los procesos, en detrimento de la justicia a la hora de lograr condenas y decomiso definitivo de bienes en un tiempo prudente.
Asimismo, informó que el artículo 51, numeral 6 de la Constitución, prevé el proceso o juicios de extinción de dominio, el cual vendría a establecer la mecánica procedimental para el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos, con el objetivo de reincorporarlos al erario sin que haya que agotar juicios penales; además de zanjar las imposibilidades e impedimento que generan eventualidades como la muerte del imputado, la cual opera, al extinguir la acción penal, como un salvoconducto o legalización de riquezas de origen espurios e ilícito, en beneficio de los familiares herederos, entre otras tantas eventualidades.
De su lado, Ciprian definió la ley de extinción de dominio como un proceso patriótico, urgente y necesario, para atenuar los efectos dañinos de la corrupción administrativa y delincuencia organizada, también aclaró que las fortunas ilícitas no tienen tiempo de prescripción para convertirse en lícitas, en consecuencia la referida ley servirá para perseguir cualquier patrimonio ilegal, descartando el que se hable de irretroactividad de la ley, por tratarse, no de un tipo penal, sino más bien de una herramienta de tipo procedimental, acorde con el debido proceso de ley.
Mientras que, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, quien encabezó el encuentro, destacó los conocimientos y calidad de los expositores, definiéndolos como parte de los principales cultores del tema en el país, al tiempo de manifestar todo su apoyo como fundación a la posible ley, comprometiéndonos además a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para lograr que la ley sea una realidad en la República Dominicana.
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