Santo Domingo.- El jurista Whenshy Wilkerson, representante del empresario Pedro Rafael Ortiz, denunció inseguridad jurídica y fraude de documento para la venta de apartamentos en la Torre Valentina IV del Distrito Nacional, a personalidades vinculada al Poder Judicial (PJ), a la política y a otros poderes factico de la sociedad dominicana.
Wilkerson dijo que los apartamentos propiedad de Ortiz, fueron vendidos de manera fraudulenta por Miguel Ángel Mateo, "quien hizo uso falso de la firma" del socio mayoritario para obtener el voto mayoritario en la asamblea.
En declaraciones emitidas a través de una nota de prensa el representante del empresario, manifestó que los compradores fueron sorprendidos en su buena fe por quien de manera amañada logró mentir jurídicamente a los adquirientes de los apartamentos.
Según el abogado al momento de la venta su cliente y gerente de la empresa vendedora, Inversiones Inmobiliarias Mateo Ortiz y González S.R.L., se encontraba fuera del país.
El abogado aclaro a través de documentos, Mateo, pese a haber recurrido; ya fue condenado por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual dictó la "Sentencia Penal núm. 249-04-2019-SSEN-00140 (Expediente núm. 503-2017-EPRI-00476)", a una pena de dos años de prisión, debido a que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), emitió un informe pericial según núm. D-0344-2014, que ciertamente evidencia que las asambleas que envuelven las ventas con la firma de Ortiz, decidiendo que no se corresponde con la auténtica , razón por la cual todos los compradores e incluso algunos bancos principales del país que realizaron hipotecas; hoy están demandados en nulidad de todos los contratos millonarios realizados.
Según aclaro, ya existen sentencias que han ordenado la nulidad de las fraudulentas ventas y cancelaciones de títulos fraudulentos vendidos, y siete tribunales están apoderados para conocer las demandas contra otros apartamentos que dicho demandante promueve en la Jurisdicción Inmobiliaria y que sus audiencias están fijadas para enero y febrero del 2022, por lo que piden que la justicia no sea obstaculizada.
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