Santo Domingo.- El 59% de las niñas más pobres del país, se casan o unen antes de los 18 años y el 23% lo hace antes de cumplir los 15 años.
En una gran proporción de estas uniones hay una persona adulta 5 o 10 años mayor que la adolescente (60% y 23% respectivamente), informó hoy la Coalición de ONGs por la Infancia en República Dominicana.
En su informe sobre la situación en la que se encuentran los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país también enumeraron las problemática que afectan esta parte de la población dominicana.
Violencia y discriminación contra las niñas, explotación infantil sexual y comercial, NNApes (NNA con un adulto privado de libertad), derecho al porvenir, sobrevivencia, inversión, justicia para adolescentes, adultocentrismo, registro, ciudadanía activa, derecho a vivir en familia, educación de calidad sin discriminación e infancias excluidas.
El informe destaca también la importancia de nombrar un Defensor del Pueblo Adjunto específicamente para niñas y niños, una de las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño (ONU, 2015) que no ha sido atendida por el Estado en un país donde el 34% (10,621,938) son niñas, niños y adolescentes.
El documento apunta algunos avances normativos y en materia legislativa como la prohibición del matrimonio infantil a través de reformas al Código Civil de la República, sin embargo, destaca preocupación por la profunda brecha entre el papel y la realidad señala que “aún con excelentes reformas legislativas para la protección y la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes, no es posible garantizar su implementación desde la igualdad de oportunidades, porque el territorio, género, raza y percentil de ingreso definen las brechas de desigualdad”.
Ejemplo de ello, es que, pese a las legislaciones, República Dominicana ocupa el primer lugar de América Latina en el número de embarazos en adolescentes y entre los cuatro países de América Latina y el Caribe con mayor número de uniones tempranas. El 59% de las niñas más pobres del país, se casan o unen antes de los 18 años y el 23% lo hace antes de cumplir los 15 años. En una gran proporción de estas uniones hay una persona adulta 5 o 10 años mayor que la adolescente (60% y 23% respectivamente).
Saludamos y valoramos los esfuerzos y el trabajo que se está realizando desde el gobierno a través del Gabinete de Niñez y Adolescencia, el CONANI, mostrando voluntad política para dar respuesta a algunos de los males que afectan a nuestra niñez, sobre todo la más vulnerable. El sistema Nacional de Protección urge de su fortalecimiento, para que garantice la prevención, atención, protección, y la restitución de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Otra de las problemáticas que aborda el informe, es la importancia de hacer visibles las redes de macro criminalidad de la explotación sexual comercial “se ha evidenciado la implicación de hombre de alto poder económico y político que realizan tráfico de influencias contra las investigaciones y procesos judiciales para garantizar la impunidad.” Por ello, es indispensable que la Procuraduría General de la República incorpore el enfoque de derechos humanos y el análisis de redes de macro criminalidad como herramienta para el rediseño de sus planes de investigación y teoría del caso en la persecución de grupos criminales vinculados a la explotación sexual de niños, niñas y mujeres.
A la explotación sexual comercial se suman otras formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes, las cuales se detallan en el informe y que van desde las pautas de crianza tradicionales, hasta la violencia física, psicológica y sexual de la que son víctimas de forma cotidiana y que se ejerce en contextos como la familia, la comunidad e instituciones a cargo de este grupo social.
De acuerdo con los datos, el 63.5% de los niños y niñas menores de 14 años fueron víctimas de violencia física o psicológica, y el 3.7% ha sufrido castigos severos (ENHOGAR, 2019). “Las omisiones y resistencias en la cadena de responsabilidad institucional desde la prevención, investigación y judicialización de los casos van inhibiendo la denuncia por los altos índices de impunidad y los escasos recursos disponibles para proteger y recuperar las víctimas de violencia.”
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