Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), advirtió sobre las consecuencias que tendría la República Dominicana en el plano internacional, al rehuir y desconocer sus obligaciones, de instaurar en el país, un sistema de protección, para testigos que denuncien la corrupción, ya sea en beneficio de empleados públicos, funcionarios, imputados o simples ciudadanos.
La entidad cívica, recordó que la protección de testigos en materia de combate a la corrupción, constituye una obligación y compromiso internacional del Estado Dominicano, todo ello derivado del cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción y su Mecanismo de Seguimiento e Implementación (Mesicic).
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, explicó que el Mesicic, es un instrumento de carácter intergubernamental establecido en el marco de la OEA y la República Dominicana forma parte del mismo desde el 4 de junio de 2001, representada a través de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).
Asimismo, la FJT, deploró que pese a que el Mesicic, es un esquema vinculante que obliga a la República Dominicana, como parte de la OEA y firmante ya ratificado de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, a encaminar acciones puntuales en materia de prevención, control y sanción de la corrupción, aun con varias rondas de seguimiento, para la observación de la referida obligación, nos mantengamos marginados de tan importante herramienta.
En otro orden, Potentini, aseguró que, si el Ministerio Público dominicano, no cuenta en el menor tiempo posible, con esta importante herramienta (Sistema de protección de testigos que denuncien la corrupción), se caerían muchos casos, incluso emblemáticos en las actuales circunstancia.
Además de apagar el resurgir de un Ministerio Público, que ha dado notaciones de combatir con arrojo y determinación la corrupción, en suma si lo atamos de manos, éste no podrá hacer su trabajo y la impunidad seguirá campeando a sus anchas.
Para Justicia y Transparencia, hoy día se hace un imperativo, el dotar de las máximas condiciones, tanto presupuestaria, logística como legales, a un Ministerio Público, que en el presente y por razones atendibles y justificables, estaría basando muchas de sus investigaciones y sustento de casos, en contra de la corrupción, como pasa en otros países, con las delaciones premiadas y acuerdos, para mayor efectividad en el control de la corrupción política y criminalidad organizada.
Finalmente, la FJT, llamó al presidente Luis Abinader, a Milagro Ortiz y al Congreso Nacional, a disponer de su mejor esfuerzo, con la aprobación y establecimiento de un sistema de protección de testigos, que permita al Ministerio Público obrar con mayor efectividad y garantía en el combate a la corrupción.
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