FINJUS sobre sentencia del TC de candidaturas independientes: “desvirtúa los esfuerzos para fortalecer democracia de los partidos”

Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó este domingo su preocupación por la reciente decisión del Tribunal Constitucional, contenida en la sentencia TC/0788/24, que declara no conforme con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, los cuales establecen que para la presentación de candidaturas independientes debe realizarse a través de agrupaciones políticas constituidas de conformidad con la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Tal como indicó la fundación en ocasiones anteriores, en República Dominicana los procesos electorales son una parte fundamental de la vida democrática del país, y han permitido el desarrollo de una cultura cívica que integra nuevos elementos al ordenamiento jurídico, que han sido tomados en cuenta por los órganos constitucionales y los propios tomadores de decisiones.

Asimismo, en el marco del régimen electoral y de la propia función esencial del Estado, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos encarnan la garantía idónea para el correcto desarrollo de una democracia representativa y participativa en nuestro contexto.

Destaca que la Constitución dominicana establece expresamente cuál es la naturaleza de los partidos políticos, indicando el texto que “La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley.”

Por tanto, se ha puntualizado en que los partidos políticos se erijan como auxiliares del Estado, parte importante del engranaje constitucional y garantes de la vida en democracia.

Desde FINJUS, preocupa que esta reciente sentencia del Tribunal Constitucional desvirtúe los esfuerzos realizados en diferentes espacios para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos, permitiendo así el surgimiento de una especie de “razón antipolítica” y, a su vez, como indica el jurista Flavio Darío Espinal en un reciente artículo de opinión, esto podría provocar el debilitamiento de los partidos y la desarticulación del propio sistema político.

En tal sentido, si existen desafíos importantes que superar en el marco de la representación política de cara a una razonabilidad histórica y social, estos no pueden anclarse en una motivación jurídica que produzca y reproduzca el surgimiento de extremos que debiliten la institucionalidad de las organizaciones políticas, generen grupos espontáneos fuera de la fiscalización y el control institucional y confundan a la voluntad colectiva desde una visión castigadora de la propia estabilidad democrática.

FINJUS es de opinión que debemos abocarnos a una amplia discusión nacional que permita el fortalecimiento de la democracia interna de las organizaciones políticas y la promoción de mayores garantías para continuar aumentando la confianza de la voluntad colectiva en los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

De lo contrario, el Tribunal Constitucional estaría arrojando a su suerte décadas de reforzamiento histórico e institucional de las organizaciones políticas, provocando entonces escenarios electorales menos representativos y mucho más opacos que los actualmente establecidos en el ordenamiento jurídico dominicano.