Santo Domingo.- Según las investigaciones del Ministerio Público (MP), la Procuraduría General de la República (PGR) se habría convertido en una especie de comando de campaña, donde supuestamente se distribuía ron y sobres con dinero para campañas políticas, durante la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez.
Los fiscales que realizan los procesos de investigación en la Operación Medusa, sostuvieron que la Procuraduría se usaba para vender y mantener en primer plano la figura de Rodríguez.
Y que también era un depósito de compras de suministros para actividades políticas.
Así lo estableció el MP en el documento donde reposan las acusaciones contra el exfuncionario, quien desde este martes está a la espera de que se le conozca medida de coerción por dirigir actos de corrupción desde ese organismo.
El Ministerio Público sostiene que hasta el área de estacionamiento soterrado de la entidad sirvió como depósito de las compras de bebidas alcohólicas, provenientes del sector Villa Consuelo, que posteriormente eran reenvasadas en botellas plásticas para ser distribuidos en las actividades realizadas por ese movimiento político.
Así mismo, explicaron que para los mismos fines se preparaban sobres con RD$400 cada uno, y que estos eran entregados en la oficina del imputado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, o en la sede principal de Renovación 2020, ubicada en la Avenida Winston Churchill.
Todo estaría enmarcado dentro del Movimiento Político Renovación, una agrupación política que antes era dirigida por Rodríguez, cuando este era director del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (CEI-RD/ProDominicana), pero que en el año 2016 habría pasado ser dirigido por Rafael Stefano Canó Sacco, uno de los implicados.
“Durante el transcurso de la campaña política de 2020 fueron nombrados en distintas zonas del país unos empleados denominados enlaces comunitarios, los cuales no eran más que activistas políticos pagados por la Procuraduría General”, señala parte de la investigación en contra del grupo.
Imputado
Por otro lado, el imputado Miguel José Moya, contratado durante la gestión pasada de la PGR para dar cursos en la institución, admitió que no impartió tales talleres, por los que le pagaron cerca de RD$20 millones.
Moya fue citado en varias ocasiones a la Procuraduría, donde acudía con su abogado, Cándido Simó.
En uno de los interrogatorios, en presencia de su abogado, manifestó que en el 2017 fue contactado por Canó Sacco, entonces funcionario, con quien se terminó reuniendo un poco después.
“Una vez ganamos la licitacioón lo que encontramos es que el procurador quería crear un show (espectáculo) de marketing con el caso Odebrecht”, indicó en el interrogatorio, quien también admitió que no había impartido ningún curso como consigna la Procuraduría General en los pagos que le realizó.
“No, no impartí docencia; diseñé una estrategia de estabilizar el clima laboral, que contenía varios componentes, incluyendo el diseño de un proceso de capacitación, no facilitar la capacitación sino diseñarla y el segundo componente trabajar en el aspecto reputacional en la recuperación de la reputación de la institución”, dijo.
Moya es gerente de la empresa Desarrollo, Individuo y Organización / DIO S.R.L.
Esos contratos y pagos se produjeron entre los años 2018 y 2020, y llegaron a tener un valor total de RD$19,683,600.
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