Santo Domingo.- Juan Francisco Rodríguez Consoró consideró este jueves que su destitución como juez por del Consejo del Poder Judicial fue basada en mentiras y calumnias, parte del Ministerio Público y enemigos a lo interno.
Rodríguez Consoró, quien se desempeñaba como juez en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, sostuvo que su desvinculación del Poder Judicial fue basada “sin fundamento probatorio y violando mis derechos”.
“A la comunidad jurídica nacional, por este medio informó que el Consejo del Poder Judicial, ordenó mi destitución, en primera instancia, sin fundamento probatorio, violando mis derechos, basados en mentiras y calumnias, parte del Ministerio Público y enemigos a lo interno", se refirió el magistrado a través de su cuenta de Twitter.
Rodríguez Consoró se suma a una larga lista de jueces que han sido desvinculados del Poder Judicial, luego de ser encontrados culpables de haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Rodríguez Consoró, quien había dado un auto de no ha lugar en favor de los implicados en el caso Los Tres Brazos, fue destituido durante un juicio disciplinario por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
El Poder Judicial pudo comprobar que el hoy exjuez aplazó por tres ocasiones una audiencia de solicitud de medida de coerción en contra Sidney Rafael Matías Pérez (el Fuerte), para “completar la negación” de libertad de este hombre, “recibiendo dinero” en la provincia de Santiago, lugar de origen del imputado y su familia.
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Explica, además, la resolución que Matías Pérez había sido acusada a 8 años de prisión por narcotráfico, cumpliendo 5 años de prisión y tres condicionales e incurrió en el mismo delito, por lo que el juez debió enviarlo a prisión y no lo hizo.
Esto se pudo comprobar, por el pago de la compra de un vehículo, además de un audio adquirido por orden judicial a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en la que Erick Randhiel Mosquea Polanco, supuesto cabecilla de una red de narcotráfico dice que “él la va a aplazar mañana para que yo tenga tiempo de buscar eso”, refiriéndose al dinero y a uno de los aplazamientos.
“Todo lo anterior revela la existencia de pruebas y acciones suficientes, serias, precisas y concordantes que, valoradas en su conjunto, comprometen su responsabilidad disciplinaria, y, por tanto, todos los elementos analizados son indicadores de que el juez obró con un comportamiento claramente prohibido por la normativa de Carrera Judicial en su artículo 44 de numeral 5 sobre solicitar, aceptar o recibir, directamente o por persona interpuesta, gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas, como pago por actos inherentes a su investidura”, dice la resolución.
Asimismo, en la acusación de haber recibido dinero de su secretaria, quien tenía sueldo de 46 mil pesos y “otra cuenta con ingresos millonarios”, además de recibir dinero de abogados que litigan en su tribunal por un valor que ascendientes a los 4 millones de pesos, el Consejo del Poder Judicial explicó que es un caso penal y no disciplinario.
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