Santo Domingo.- El ecologista Luis Carvajal denunció que a pesar del déficit estructural de agua que padece el país, el gobierno actualmente tiene concesionado más de 30 contratos de exploración y explotación minera.
Dijo que la carencia de agua se agravará en los próximos 50 años como consecuencia del cambio climático.
Afirmó que el gobierno ha permitido y hasta colaborado con la destrucción del bosque nublado en áreas protegidas para dar paso a la siembra de aguacate, papa, cebolla y otros cultivos.
Carvajal, quien es biólogo, profesor universitario, consultor nacional e internacional y miembro de la Academia de Ciencias explicó que La Nueva Barquita y el Proyecto Domingo Savio, son “proyectos postalita” y que la finalidad de ambos proyectos implica el desalojo y reubicación de millares de familias de La Barquita, La Ciénaga y Los Guandules, en el Distrito Nacional.
“Lo que persiguen es beneficiar a sectores poderosos, que supuestamente se beneficiarían de una plusvalía agregada para el desarrollo de sus proyectos turísticos, hoteleros y residenciales”, manifestó Carvajal al ser entrevistado este sábado en el programa “Tres a la Semana”.
Dijo que el Gran Santo Domingo no dispone de terrenos y el gobierno, supuestamente inducido por esos sectores y familias poderosas, ejecutará el proyecto habitacional y de construcción de modernas vías en esos lugares, para entregarlos a esos desarrolladores.
Carvajal afirmó que las concesiones mineras que van desde Padre Las Casas hasta la frontera, toda la vertiente Sur de la Cordillera y desde Restauración hasta más acá de la Presa de Monción, son controladas por las empresas Gold Quest y Uni-Gold.
Además, los nacientes en los ríos Ozama e Isabela están concesionados a la Minera Everton Dominicana.
Indicó que donde quiera que haya una presa existe una concesión minera, “como la de Sabaneta, en el mismo curso del río San Juan y la de Sabana Yegua en curso del Río Yaque del Sur concesionado a la empresa Gold Quest”.
El ecologista Declaró que la minería genera pobreza en un lugar y traslada la riqueza hacia otros.
Sobre la Barrick Gold, manifestó que esta empresa opera bajo un “contrato-estafa” que aún está vigente, y por el cual el gobierno apenas tiene una participación de 15 a 17 por ciento, no del 51 por ciento como falsamente se indica.
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