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viernes 21 diciembre, 2018

Dictan medidas de coerción contra cuatro implicados en fuga de recluso en un centro de salud

Conforme con la investigación dispuesta por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, Infante Pérez fue la persona que sirvió de intermediario entre Kelvyn Domingo Almonte Cabrera, quien se encuentra prófugo, y Edward Geremías Maldonado Reynoso, para la renta del vehículo que se utilizó en la fuga de Báez Abreu del centro de salud.

Santo Domingo.- El Juzgado de la Instrucción de la provincia María Trinidad Sánchez dictó tres meses de prisión preventiva en contra de una cabo de la Policía y un civil, acusados de la fuga del interno Jorge Gabriel Báez Abreu, quien fue condenado a 30 años de prisión, hecho que ocurrió este lunes en un centro de salud de esa jurisdicción.

El tribunal impuso la medida de coerción a la cabo Angelina Berroa Martínez, quien trabajaba para la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) en Santiago y a Richard Jonathan Infante Pérez.

Conforme con la investigación dispuesta por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, Infante Pérez fue la persona que sirvió de intermediario entre Kelvyn Domingo Almonte Cabrera, quien se encuentra prófugo, y Edward Geremías Maldonado Reynoso, para la renta del vehículo que se utilizó en la fuga de Báez Abreu del centro de salud.

El tribunal también dictó medidas de coerción consistente en impedimento de salida del país y presentación periódica contra los cabos del Ejército Dawel Manuel Cuevas Urbáez y Mario Marte Álvarez, quienes custodiaban al interno al momento de la fuga.

Tras el inicio de las investigaciones a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, se ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación al artículo 146 de la Constitución y los artículos 123, 124, 125, 126, 177, 178, 237, 240, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del Estado dominicano.

El Ministerio Público explicó que continúa con las investigaciones de lugar, a los fines de determinar la posible participación de otros ciudadanos vinculados con los hechos ilícitos investigados.

Gabriel Báez Abreu estaba condenado a 30 años de cárcel por delitos de asociación de malhechores y homicidio.