Santo Domingo.- El reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los derechos humanos señala que a pesar de que las leyes dominicanas establecen un poder judicial independiente; el gobierno no respetó la independencia judicial y la imparcialidad.
Además, acusa al gobierno de ejercer de manera generalizada una influencia inadecuada en las decisiones judiciales.
El informe publicado este miércoles señala además que “la interferencia varió desde el enjuiciamiento selectivo hasta el despido de casos en medio de acusaciones de soborno o presión política indebida”.
Añade que “el poder judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder judicial era un problema grave. El informe indica “que la forma más frecuente de interferencia con las órdenes judiciales se produjo cuando las autoridades se negaron a cumplir con los recursos de hábeas corpus para liberar a los detenidos”.
Caso Odebrecht
En ese sentido, en el capítulo sobre "Corrupción y falta de transparencia en el gobierno", el Departamento indica que en septiembre de 2017 la Corte Suprema inició un juicio contra seis de los 14 acusados acusados en 2017 por presuntos vínculos con US$92 millones en sobornos pagados por la empresa constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos de obras públicas. Los seis acusados incluían un senador, un representante de la cámara baja, un exsenador y un ex ministro de obras públicas. La sociedad civil acogió con beneplácito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para investigar el caso, que involucraba a las élites políticas y económicas del país.
En junio, un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que, además de los US$92 millones informados públicamente en sobornos, Odebrecht distribuyó otros US$39.5 millones en incentivos durante la construcción de la planta de carbón de Punta Catalina. Después de que este informe se hizo público, la Oficina del Fiscal General interrogó a consultores financieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no presentó ningún cargo adicional. El fiscal general y una comisión designada por el gobierno desestimaron previamente las acusaciones de irregularidad en el proceso de contratación de la planta.
Las ONG criticaron la práctica generalizada de otorgar posiciones gubernamentales como mecenazgo político. Alegaron que muchos funcionarios recibían un salario del gobierno sin realizar ningún trabajo. Algunos municipios pequeños tenían más empleados en la nómina de lo que podían alojar sus oficinas físicas.
Las ONG y los ciudadanos individuales informaron regularmente actos de corrupción por parte de varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos agentes de policía, funcionarios de inmigración y funcionarios de prisiones. En ocasiones, el gobierno utilizó castigos no judiciales por corrupción, incluido el despido o la transferencia de personal militar, policías, jueces y otros funcionarios menores. Sin embargo, la aceptación y tolerancia generalizadas de la corrupción menor obstaculizaron los esfuerzos anticorrupción.
Libertad de prensa
La libertad de expresión es uno de los derechos que establece la Constitución dominicana, en base a esta responsabilidad los medios de comunicación expresan sus puntos de vista en los diferentes temas del día a día.
El departamento de Estado de los Estados Unidos publicó este miércoles un informe sobre el respeto a los derechos humanos en el cual indica que las leyes dominicanas brindan la libertad de “criticar al gobierno pública y privadamente sin temor a represalias. Pese a esto, durante el 2019 la nación escenificó varios incidentes que “intimidaron a la prensa”, cita el reporte.
En septiembre del año pasado el programa de un periodista criollo fue suspendido después de revelar una investigación que sostenía que presuntamente la hermana del procurador general de la República recibió contratos gubernamentales por un monto aproximado de RD$750 millones de pesos, tras esta declaración dicho periodista (cuyo nombre se omite en el informe) alegó que su programa fue cancelado por el hecho.
El reporte estadounidense sobre libertades civiles cita que “los periodistas y otras personas que trabajaban en los medios de comunicación fueron ocasionalmente acosados o atacados físicamente. Algunos medios informaron que periodistas, específicamente en áreas rurales, recibieron amenazas por investigar o denunciar grupos criminales o corrupción oficial”.
En octubre del 2019 un comentarista local declaró que había recibido amenazas luego de criticar las acciones de políticos de la provincia de Monte Plata que aparentemente sostenían nexos con el narcotráfico, relata el escrito.
En base a esto, algunos medios de comunicación de la República Dominicana optaron por “proteger a los periodistas individuales” omitiendo temas relacionados al tráfico de sustancias ilícitas. Además, el reporte reveló que el gobierno dominicano “influyó en la prensa a través de contratos publicitarios”. Es decir, que el gobierno pagó cerca de 12.5 millones de pesos por la divulgación de anuncios publicitarios a su favor, hecho que fue denunciado por una periodista a través de un noticiero local.
“El Colegio Dominicano de Periodistas informó que los periodistas fueron demandados por políticos, funcionarios gubernamentales y el sector privado para presionarlos para que dejaran de informar”, narra el texto publicado en la página web del gobierno estadounidense.
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