Santo Domingo.- El Centro de Justicia (CCCJ) denunció este miércoles que las nueve Casas Comunitarias de Justicia que existen en República Dominicana están a punto de ser cerradas por falta de recursos económicos, así como por la inexistencia de una coherente política pública que permita la sostenibilidad técnico-financiera de este programa que beneficia los más necesitados de justicia y paz.
Además informó que esta iniciativa vive hoy una dolorosa crisis de sostenibilidad económica, situación que obliga, por el momento, a reducir de manera significativa sus niveles de trabajo que, de mantenerse, podría generar el cierre definitivo de algunas casas en los municipios, por no decir la desaparición total del programa.
El director ejecutivo de la entidad, José Ceballos, informó que en 15 años de servicios continuos han recibido 516,839 personas.
“En este período hemos atendido casos de violencia intrafamiliar y de género, violencia en las escuelas, en las comunidades, así como de violación de derechos humanos”, manifestó Ceballos.
También expresó que, “estamos apelando a la solidaridad del empresariado dominicano, al interés que debe mover a todo Gobierno central, a los poderes locales y municipales, a los representantes de la ciudadanía en las instancias de representación en el Estado”.
Como forma de llamar la atención de la sociedad sobre esta realidad, las nueve casas de la región Norte y el Distrito Nacional, se unieron a instituciones sociales, públicas y privadas, así como comunitarias, para evaluar la crisis económica por la que están atravesando y que podría dejar sin asistencia a los sectores vulnerables del país.
Los encuentros se hicieron de manera simultánea.
A su vez, señaló que cuentan con nueve casas que prestan servicios en siete municipios, una en un distrito municipal y otra en la capital, con un presupuesto de RD$ 3,500,000.00 al mes, que al año totaliza RD$36.0 millones.
Indicó que ofrecen servicios que incluyen educación ciudadana, mediación familiar, escolar y comunitaria, así como la conciliación, formación de mediadores escolares, fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, juveniles, de mujeres y juntas de vecinos.
Ceballos realizó un llamado a los miles de usuarios de estos servicios, a las instituciones que integran los consejos consultivos en cada municipio y a la sociedad civil en general, para que de manera conjunta “evitemos que un derecho fundamental adquirido se nos pierda”.
“Es de vital importancia establecer políticas públicas reales que garanticen que el funcionamiento de este tipo de servicios se desarrolle, sin permitir estas dolorosas situaciones”, indicaron a través de un documento firmado por la Junta Directiva del Centro Casas Comunitarias de Justicia.
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