Santo Domingo.- Una especialista en Democracia y Derechos Humanos consideró este domingo que la resistencia de un sector del Congreso, compuesto por los partidos mayoritarios en una alianza con partidos minoritarios representantes del conservadurismo de permitir la aprobación de un Código Penal garantista de derechos es preocupante y vislumbra un retroceso democrático para el país.
Silvia Soto Fernández, también politóloga, entiende que la República Dominicana vive un momento de oscurantismo en lo que respecta a la representación política actual en el Congreso, y que el conservadurismo se ha crecido en la presente gestión del poder legislativo a pesar, de que quedó evidenciado en el torneo electoral pasado que la incidencia de la iglesia no es determinante al momento de la ciudadanía elegir sus representantes.
Asimismo, dijo que la alianza conservadora entre los congresistas de los partidos mayoritarios (PRM, PLD y FUPU) y varios minoritarios de reconocida ideología también conservadora, evidencia la falta de liderazgo de estas organizaciones y la falta de identidad ideológica.
“El primer caso se evidencia cuando por ejemplo, a pesar de que oficialmente los mayoritarios expresaron su respaldo a las tres causales, y en el caso del Partido Revolucionario Moderno expresó su oposición al famoso “barrilito” los legisladores tomaron sus propias decisiones”, enfatizó.
Expresó que una causa fundamental de la debilidad institucional de los partidos es la falta de formación ideológica y doctrinal de sus miembros, y que más del 90% de los militantes de todos los partidos en el país desconocen los principios doctrinales de los mismos.
“La mayoría de los congresistas parecen no entender que el mundo vive en la era posmoderna, en el siglo XXI, y que esto implica que los grandes relatos en los que se sustentan los credos religiosos ya no son suficientes para saciar la sed respeto a la individualidad, a la diversidad y a la de inclusión de los ciudadanos y ciudadanas”, resaltó.
Agregó que la mayoría de los congresistas actuales demuestran una falta de empatía y respeto al 51% de los votantes que son mujeres oponiéndose a la aprobación de las tres causales, a pesar de que el país ocupe el segundo lugar en tasa de feminicidio en la región de acuerdo a la CEPAL en el 2020, y demuestran su anacronismo al pretender, que el país continúe siendo uno de los 5 en el mundo en los que no existen las tres causales.
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