Santo Domingo.- El poder de las falsas noticias y el uso deliberado de imágenes no consentidas en detrimento del honor y la reputación de personas e instituciones, es el tema de análisis de especialistas preocupados por los daños causados por estas acciones, quienes sugieren que en vez de limitar la libertad de expresión en el país, se promueva la depuración de informaciones de manera que el ciudadano sólo otorgue credibilidad a aquellas, que provengan de una fuente confiable.
En ese sentido, el consultor argentino Daniel Ivoskus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política y Esther Agelán Casasnovas, pasada Jueza de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana.
Además, recomendaron la observancia de las leyes vigentes contra la difamación e injuria, así como la revisión de los regímenes de consecuencias para quienes cometen estos actos.
Expresaron que “tanto las redes sociales como los ciberdelitos materializados a través de estos medios digitales, deben ser regulados y tipificadas las infracciones como corresponde, para garantizar un régimen de consecuencia penal, sin que esto signifique coacción a la libertad de expresión”.
Al participar de la Conferencia “Las Guerras mediáticas y sus impactos”, impartida en el Ministerio de Defensa (MIDE), la Magistrada Casasnovas dijo que en el país “Un 40.9% de los niños entre 5 y 9 años, está expuesto al bombardeo de informaciones a través del Internet, pero no existe la protección suficiente para el infante o el adulto víctima del ciberacoso”.
Ivoskus sugirió la estrategia del bloqueo de los “fakes news”, el contrataque y la regulación de las redes sociales en cada país acorde a sus leyes vigentes, “como ocurre con otros medios de comunicación, sin que esto signifique una limitación de la libertad de expresión, sino más bien una protección al derecho ajeno”.
Afirmó que “combatir a tiempo las informaciones falsas, sobre todo cuando se pueda comprometer la defensa y seguridad de una nación, puede representar una oportunidad estratégica para retomar el liderazgo de cualquier discusión vinculada, con la imagen y reputación pública de una persona natural o jurídica.
“Y para contraatacarlas, es necesario identificar su origen, desarrollo e implicaciones. También, analizar y ensayar, posibles respuestas que puedan servir no sólo para paliar sus efectos, sino incluso para retomar el debate público en modo protagónico”, puntualizó el consultor argentino.
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