Santo Domingo.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) informó este lunes que de comprobarse en los tribunales la colocación de drogas por parte de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en una barbería en Villa Vásquez, provincia Montecristi, tal y como se evidencia en un video de seguridad, la fiscal y los agentes actuantes podrían enfrentar hasta 20 años de prisión.
Miguel Surún Hernández, presidente del gremio, informó que si se demuestra que la sustancia colocada es droga, los responsables enfrentarían cargos de posesión de sustancias controladas, asociación de malhechores y falsedad de documentos públicos en violación del Código Penal Dominicano y la Ley de Drogas.
“El accionar que observamos en el video es grave, lamentable y vergonzoso, ha provocado gran consternación, por lo que apoyamos el inicio de las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República y la DNCD”, expresó Surún Hernández.
Explicó que la posesión de sustancias controladas viola el artículo 50-88 de Drogas y es sancionado con penas de hasta 20 años de prisión, la asociación de malechores violenta los artículos 265 y 266 del Código Penal y conlleva penas de 2 a 5 años y la falsedad de documentos públicos viola los artículos 150 y 151 del Código Penal y conlleva penas de hasta 10 años de prisión.
El presidente del CARD dijo esperar que este tipo de casos no se vuelvan a repetir, ya que afecta la imagen de la justicia y la confianza en los actores del sistema, por lo que deben de aplicar todo el peso de la Ley.
Aseguró que los casos que son sustentados con pruebas obtenidas de forma irregular, como al parecer pretendía hacer la fiscal, son declarados nulos.
De su lado, el jurista Amadeo Peralta consideró que a los agentes de la DNCD y a la fiscal se les podría solicitar medidas de coerción de hasta un año de prisión preventiva y en juicio de fondo, enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
“Si se demuestra que la sustancia colocada en el zafacón, el tanque y en la caja de fosforo es droga, éstos incurrirían en el delito de posesión y tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, asociación de malhechores, violación a la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos provenientes de infracciones graves”, dijo.
Peralta advirtió, además, que de igual modo todos podrían ser sometidos por abuso de autoridad y que los afectados podrían demandar en daños y perjuicios y por violación al artículo 184 de la Constitución de la República, y que podría agravarse la situación si se comprobase que la “orden de allanamiento” no se correspondía para ese local, que en los allanamientos practicados en los domicilios y en los vehículos de la fiscal y los agentes se encontrare sustancias controladas, armas ilegales o cualquier otro tipo de evidencia comprometedora en su contra.
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