Santo Domingo. - El Colegio de Abogados de la Republica Dominicana (CARD) depositó ante el Senado de la República, su formal oposición al Proyecto de Ley sobre “violación y traspaso ilícito de la propiedad inmobiliaria”, ya que permitiría el arresto y desalojo de cientos de miles de familias que fueron asentadas en inmuebles presuntamente del Estado Dominicano, y cuyos decretos de expropiación nunca fueron ejecutados.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, afirmó que de aprobarse dicha pieza sectores como Gualey, Los Guandules, 27 de Febrero, María Auxiliadora, Nueva Jerusalén, Bello Atardecer, entre muchos otros, cuyos residentes llevan más de 40 años allí, correrían el riesgo de persecuciones penales y desalojos extrajudiciales.
“Que se pretenda aprobar una ley que en su Artículo 18 autorice a la Policía Nacional a arrestar y desalojar a quien resida en un solar, por el solo hecho de que el agente policial actuante considere ilegítimos los documentos de compra o asentamiento que ampara dicha propiedad constituye un verdadero atentado a la seguridad jurídica y sobre todo al debido proceso consagrado por la Constitución, lo que generaría injusticias y conflictos sociales indescriptibles, por apresamientos y desalojos efectuados por el solo efecto del dinero y la influencia política, sería volver al viejo Oeste” manifestó Surun Hernández.
El gremialista aseguró que lo grave del caso, es que dicho proyecto de Ley en sus artículos 8, 9 y 10 castiga hasta con 10 años de cárcel a “infelices” padres de familias asentados por gobiernos irresponsables en tierras declaradas de utilidad pública, y del Estado Dominicano, lo cual calificó como una verdadera injusticia.
“Máxime cuando dicho desorden fue generado gracias a las políticas de inequidad y clientelismo de los mismos que hoy pretenden aprobar una ley draconiana que sólo se aplicaría en perjuicios de los más vulnerables”, dijo el gremialista.
CARD apoya la protección de la propiedad inmobiliaria pero bajo el respeto del debido proceso.
El jurista agregó que el gremio que dirige apoya la protección de la propiedad inmobiliaria sobre la base del debido proceso judicial, que evite la formación de mafias parapoliciales dedicadas a los desalojos y arrestos extrajudiciales, donde los procesos que requieran cualquier actuación se realicen bajo la fiscalización judicial, por lo que consideró que la referida pieza, sometida por el presidente de la República por ante el Senado, debe ser rechazado en su totalidad.
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