Santo Domingo, República Dominicana • Jueves 28 de Marzo, 2024
martes 8 noviembre, 2022

CARD denuncia nueva ley favorecería empresarios con recaudación anual RD$4 mil millones

Colegio de Abogados denuncia Ley General de Gestión Integral.
Además denunció que se trataría de un nuevo peaje sombra, solo que, sin carretera, que implica que los que pagan impuestos tengan que erogar supuestos aportes de entre RD$500.00 y RD$260,000.00 por cada sociedad comercial y ente del gobierno.

Santo Domingo.- El Colegio de Abogados (CARD) depositó este martes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20, promulgada el 2 de octubre del 2020, alegando que en sus artículos 37, 38, 39, 40, 41 y 42, establece un nuevo impuesto que obliga a empresas y entidades a entregar anualmente RD$4,000 millones a fideicomisos en beneficio de empresarios.

El presidente del gremio, Miguel Surún Hernández, informó que esa legislación establece un aporte anual por parte de las empresas y entidades públicas, en franca violación a la Constitución en sus artículos 4, 7, 12, 75.6, 75.12, 93.1”, 93.1.A, 128.2.D, 141, 138, 147.2, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 y 238, y 244, 245 y 246.

Además denunció que se trataría de un nuevo peaje sombra, solo que, sin carretera, que implica que los que pagan impuestos tengan que erogar supuestos aportes de entre RD$500.00 y RD$260,000.00 por cada sociedad comercial y ente del gobierno.

El jurista explicó que esos montos en conjunto rondarían los RD$4,000 millones para ser entregados a fideicomisos privados constituido a favor de empresarios.

Igualmente indicó que al cabo de cinco años esos empresarios habrían recibido la “escandalosa” suma de RD$20,000 millones, 20 veces más que el precio de cualquier planta de tratamiento o de los recursos necesarios para la limpieza y construcción de un sistema de drenaje pluvial funcional para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo o para otras obras prioritarias de los ayuntamientos.

Indicó que la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos esa es una estocada mortal al principio de progresividad y descentralización en materia de facultades de los gobiernos locales.

Agregó que “esta es una medida que va en perjuicio de la autonomía, independencia y gobernanza de los gobiernos locales, a quienes se le despoja del manejo de los desechos sólidos en su disposición final, en franca violación a la Constitución que consagra el aumento progresivo de las competencias locales, porque dicha competencia se transfiere a favor de empresarios”.

En ese sentido, llamó al Tribunal Constitucional (TC) a que actúe cuanto antes, que primero suspenda de forma provisional la aplicación de esa ley y que luego la declare inconstitucional.

Surún Hernández advirtió que el CARD se mantendrá vigilante ante aplicación la ley, alegando que viola la Constitución, atenta en contra de la municipalidad y del interés colectivo de la población.