Santo Domingo.- El Colegio de Abogados (CARD) depositó este martes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20, promulgada el 2 de octubre del 2020, alegando que en sus artículos 37, 38, 39, 40, 41 y 42, establece un nuevo impuesto que obliga a empresas y entidades a entregar anualmente RD$4,000 millones a fideicomisos en beneficio de empresarios.
El presidente del gremio, Miguel Surún Hernández, informó que esa legislación establece un aporte anual por parte de las empresas y entidades públicas, en franca violación a la Constitución en sus artículos 4, 7, 12, 75.6, 75.12, 93.1”, 93.1.A, 128.2.D, 141, 138, 147.2, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 y 238, y 244, 245 y 246.
Además denunció que se trataría de un nuevo peaje sombra, solo que, sin carretera, que implica que los que pagan impuestos tengan que erogar supuestos aportes de entre RD$500.00 y RD$260,000.00 por cada sociedad comercial y ente del gobierno.
El jurista explicó que esos montos en conjunto rondarían los RD$4,000 millones para ser entregados a fideicomisos privados constituido a favor de empresarios.
Igualmente indicó que al cabo de cinco años esos empresarios habrían recibido la “escandalosa” suma de RD$20,000 millones, 20 veces más que el precio de cualquier planta de tratamiento o de los recursos necesarios para la limpieza y construcción de un sistema de drenaje pluvial funcional para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo o para otras obras prioritarias de los ayuntamientos.
Indicó que la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos esa es una estocada mortal al principio de progresividad y descentralización en materia de facultades de los gobiernos locales.
Agregó que “esta es una medida que va en perjuicio de la autonomía, independencia y gobernanza de los gobiernos locales, a quienes se le despoja del manejo de los desechos sólidos en su disposición final, en franca violación a la Constitución que consagra el aumento progresivo de las competencias locales, porque dicha competencia se transfiere a favor de empresarios”.
En ese sentido, llamó al Tribunal Constitucional (TC) a que actúe cuanto antes, que primero suspenda de forma provisional la aplicación de esa ley y que luego la declare inconstitucional.
Surún Hernández advirtió que el CARD se mantendrá vigilante ante aplicación la ley, alegando que viola la Constitución, atenta en contra de la municipalidad y del interés colectivo de la población.
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