Santo Domingo, República Dominicana • Jueves 17 de Octubre, 2019

CARD advierte resolución prohíbe reuniones con jueces atenta contra Constitución

CARD pide CPJ revisar resolución jueces.
El CARD consideró que los jueces deben gozar de las más amplias garantías en el desempeño de sus funciones establecidas en la Constitución, que garanticen su total independencia en todos los niveles.

Santo Domingo.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) requirió al Consejo del Poder Judicial (CPJ) aclarar el alcance de la Resolución 020-2019 que establece límites en las reuniones con los jueces, con el objetivo de que sea bien interpretada y acatada por el sistema de justicia.

Miguel Súrun Hernández, presidente del gremio, denunció este miércoles que numerosos juristas le han manifestado preocupación ante una posible mala interpretación y ejecución de la resolución, “por lo que es bueno aclarar su alcance y contenido” con el objetivo de evitar que constituya una violación al derecho de los jueces.

Súrun Hernández advirtió que prohibir a los jueces reunirse con los abogados litigantes, fiscales, defensores públicos y notarios, sería una violación a sus derechos y al artículo 151 de la Constitución de la República, que precisa que los jueces son soberanos y que solamente están sometidos a la Constitución y a las leyes, lo que garantiza la soberanía e independencia de los mismos.

Explicó que la intención del Consejo del Poder de Judicial de aplicar medidas para garantizar transparencia e igualdad de armas en los procesos judicial es positiva, pero debe especificarse su alcance ya que puede ser mal interpretada en perjuicio del sistema de justicia.

“Por esta razón es necesario que establezca de forma clara y precisa que los jueces si pueden reunirse con abogados, fiscales, defensores públicos y otros actores del sistema, siempre en el marco de la transparencia e igualdad, estableciendo días específicos para dichos fines”, sugirió Súrun Hernández.

El CARD consideró que los jueces deben gozar de las más amplias garantías en el desempeño de sus funciones establecidas en la Constitución, que garanticen su total independencia en todos los niveles.