Santo Domingo.- El equipo político del alcalde Abel Martínez anunció que presentará una instancia contra la permanencia de Haime Thomas en la presidencia de la Junta Electoral de Santiago, debido a comentarios en los que ponía en duda la repostulación del edil.
Fernando Ramírez, vocero del alcalde, señaló que estaban preparando una instancia de oposición a la continuidad de Thomas, ya que no estaba en condiciones de arbitrar un proceso electoral como el que se avecina en octubre, con las primarias abiertas simultaneas.
“Él dice que no le dan los votos (al alcalde Abel Martínez). O sea, el va a contar los votos y ya dice que no le dan”, explicó Ramírez.
En su cuenta de Twitter, Thomas señaló que se trataba de la aclaración número 100 que realiza al ser elegido presidente de la Junta Electoral de Santiago, ya que su trabajo primero era ser comunicador.
“Es la aclaración 100 que he hecho desde que fui escogido presidente de la JES. Deje claro que debía ser designado a unanimidad y que primero soy comunicador, profesión de la que vivo y después, juez electoral. Mi gestión ha sido aprobada por todos los partidos, es lo que importa!”, escribió.
El tuit al que hace referencia el equipo político de Abel Martínez para pedir su invalidez es el siguiente: “El alcalde de Santiago ha hecho lo que le ha dado la gana, incluyendo ignorar a sus regidores. Nada es eterno, hoy tiene querella del PRM por malversación, la fiscalía intima para demandar el desarme de la represiva policía municipal y quiere repostularse pero los números no le dan!”.
Haime Thomas es un reconocido comunicado de la ciudad de Santiago, produciendo programas televisivos de opinión sobre la realidad social y política del país.
Es la aclaración 100 que he hecho desde que fui escogido presidente de la JES. Deje claro que debía ser designado a unanimidad y que primero soy comunicador, profesión de la que vivo y después, juez electoral. Mi gestión ha sido aprobada por todos los partidos, es lo que importa!
— Haime Thomas (@haimethomas) July 21, 2019
Desarmar agentes municipales
Martínez rechazó la intimación que le hizo el procurador fiscal para que desarme a los miembros de la Policía Municipal, al tiempo de indicar que el representante del Ministerio Público carece de potestad para inmiscuirse en asuntos edilicios.
En un comunicado de prensa enviado por la oficina de relaciones públicas del cabildo local, considera como una desconsideración y desconocimiento de la ley que el titular del Ministerio Público quiera involucrarse en asuntos que competen a una institución que cumple con lo establecido por la Ley 176-07 que rige los ayuntamientos y los distritos municipales.
Indica que el procurador fiscal, José Francisco Núñez, debió proceder conforme a lo que dispone el artículo 59 de la Ley 137-11, iniciando un procedimiento de conflicto de competencia por ante un Tribunal Constitucional.
Afirma que al procurador fiscal la ley no lo faculta para ordenar a un ayuntamiento, ya que corresponde exclusivamente al Ministerio de Interior y Policía.
"Pero el fiscal Núñez tampoco observó el artículo 104 de la Ley 176-07, actitud que lo coloca como un desconocedor del procedimiento", sostiene el documento del ayuntamiento de Santiago.
Agrega que la alcaldía rechaza que el fiscal santiagués trate de cuestionar la función de la Policía Municipal, por lo cual la actitud del representante del Ministerio Público es “un irrespeto a la autoridad municipal”.
Precisa que la misión de la Policía Municipal es cuidar, vigilar y preservar los bienes municipales como parques, mercados, cementerios, mataderos, galleras, plazas, plazoletas, instalaciones deportivas, centros comunales y áreas verdes.
El pasado viernes, el procurador fiscal José Francisco Núñez envió un acto notarial al alcalde Abel Martínez, advirtiéndole que debía proceder a desarmar los ciudadanos civiles que porten armas de fuego a nombre del Ayuntamiento.
Igualmente, advirtió que aplicaría la Ley 631-16 sobre control y reglamentos de armas, municiones y materiales relacionados, en la que el artículo 70 establece que todo funcionario que se compruebe que haya otorgado un arma de fuego a un civil sería sancionado con una pena de tres a cinco años de cárcel.
Este lunes el procurador fiscal santiagués rehusó hablar sobre el tema en cuestión.
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