Santo Domingo.- El informe final de la auditoría practicada por la Cámara de Cuentas al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, develó irregularidades en el manejo de los fondos administrados durante la gestión del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa.
Así lo establece el órgano fiscalizador del Estado, en la investigación especial realizada al Plan de Humanización del sistema penitenciario de la República Dominicana, en el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de agosto del 2020.
La resolución que contiene las irregularidades, violaciones legales y otros ilícitos en la adjudicación de contratos por miles de millones de pesos, fue aprobada por los miembros de la Cámara de Cuentas el ayer lunes 27 de junio.
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Conforme con el arqueo, las anomalías detectadas durante el periodo 2016-2020 inician con el no suministro de la documentación y soportes del manejo de mil 782 millones 419 mil pesos.
Asimismo, están el pago por más de seiscientos millones de pesos sin certificación de registro de contrato y sin póliza de garantía y la adjudicación de un contrato por más de 103 millones de pesos a una empleada del Ministerio de la Presidencia.
Se suma a las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuenta un contrato por más de 500 millones de pesos a un consorcio sin registro de suplidor del Estado.
Lista de infracciones
Falta de planificación de las obras, por un monto final contratado de RD$ 8,535, 985,106.
Inauguración y compra de equipamiento sin culminar obras de construcción por RD$ 1,526, 048, 964.
Vicios ocultos delante construcción de obra por RD$ 438,715,007.
Adjudicación a proveedor sin evidencia de documentación legal y técnica por RD$ 348, 299, 904.
Obras que presentan pagos mayores a los ejecutados en campo por RD$ 313, 405, 422.
Adjudicación a empresas pertenecientes a los mismos socios en un mismo procedimiento de selección por RD$ 109, 809, 445.
Otras anomalías van desde composición del comité de comprar irregular, contratistas no habilitados, inconsistencias en las documentaciones, inobservancia en pago y declaración de impuestos hasta ausencia de títulos de propiedad de terrenos.
El informe de 10 páginas de la Cámara de Cuentas instruye, además, que el mismo será remitido a la procuraduría y demás organismos de control del Estado.
Sobreevaluación y sobornos
Mientras que el Consejo de Defensa denunció que el Ministerio Público sigue actuando margen de la ley al filtrar sin haber sido notificado el exprocurador o miembros de su defensa sobre la existencia del informe emitido por la Cámara de Cuentas.
Sin embargo, el abogado Carlos Balcácer indicó que el Ministerio Público comparte la resolución que aprueba el informe a los medios de comunicación emprendiendo una campaña mediática en detrimento de los derechos que le confiere las leyes y la Constitución a su cliente omitiendo las partes importantes donde se establece que no hubo ni sobreevaluación, ni sobornos en la ejecución del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, esta omisión constituye una falta de objetividad del Ministerio Público.
“No deja de sorprender la manera irresponsable con la que actúa el Ministerio Público, que desde el inicio del proceso ha violentado y vulnerado el debido proceso de ley. Ahora tienen el descaro de no solo de mentir y manipular las informaciones, sino que filtran documentos e informes previos a ser notificados a las partes interesadas y peor aún, antes de que en este caso, el mismo órgano que lo emite, la Cámara de Cuentas lo publique en su portal oficial como establece la ley. Omiten partes importantes del informe a su conveniencia, que puntualizan el enorme deterioro y abandono en el que se encuentran las edificaciones y la responsabilidad de la actual Procuraduría General de la República en su mantenimiento y conservación”, señaló el jurista en un documento de prensa.
Puntualizó que la Cámara de Cuentas en violación al debido proceso y en desacato de una resolución judicial, desconoció la petición de Rodríguez sobre el acompañamiento de un perito que pudiera validar juntamente con los auditores de dicho órgano sobre los supuestos hallazgos e incumplimientos.
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