Santo Domingo.- La Alianza Ciudadana anunció que este miércoles someterá a la justicia al exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo por la presunta compra irregular del hotel Barahona Beach Resort, en la provincia Barahona.
La entidad dijo que con esos fines activación de la Red de Rendición de Cuentas (RRC), una iniciativa de sociedad civil, la cual será representada por los abogados Eddy De Gracia y Evelyn Torres.
Los juristas explicaron que el depósito de la querella está programada para las 11:00 de la mañana ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Indicaron que en ese inmueble el exministro y excandidato del PLD levanta el imponente hotel “Perla del Sur”, en las inmediaciones de La Ciénaga, comunidad costera de la provincia Barahona.
Por medio de un documento de prensa, los abogados explicaron que en la operación se incurrió en la violación del ordenamiento jurídico, razón por la cual pedirán al procurador Wilson Camacho que abra una investigación y someta a la justicia a Castillo por los delitos de prevaricación, concusión de funcionarios públicos, cohecho y abuso de confianza.
Expresaron que Castillo incurrió en la violación de los artículos 166, 174, 177 y 405 del Código Penal Dominicano.
La “Perla del Sur”
El proyecto del hotel “Perla del Sur” se originó en el año 2013 cuando el entonces ministro de Obras Públicas adquirió mediante un préstamo de 91 millones de pesos, muy por debajo de su valor y vía el Banco de Reservas, el antiguo Hotel Barahona Beach Resort.
Indicaron que dicho precio fue pagado en efectivo RD$16 millones y los restantes 75 financiados a diez años a una tasa “muy asequible”.
La compra del hotel en Barahona la hizo Gonzalo Castillo prevaleciéndose de su condición de funcionario en el primer trimestre del 2013 a través de la empresa Perla del Sur Investment Group, grupo económico que formó junto a Sadhalá Khoury, empresario ligado al mundo de la construcción y el falllecido propietario de las Estrellas Orientales, Miguel Feris, Pablo Portes, de GB Energy y Rafael Méndez Risk, del sector farmacéutico.
La organización de la sociedad civil dijo que Castillo violó también la Ley 41-08, de Función Pública, que prohíbe ese tipo de transacciones de funcionarios con instituciones públicas.
El influyente exministro también ocultó esa propiedad en sus últimas declaraciones juradas de patrimonio, en el 2016 y en el 2019, al no transparentarla.
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