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martes 28 agosto, 2018

Al menos 13 compañías de seguridad fueron intervenidas por la Procuraduría

La procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) reveló empresa que se le atribuye a Juan Alexis Medina Sánchez estafó al Estado dominicano.
En tanto que los ejecutivos de la compañía Security Protection Center, SRL, se encuentran en fase de instrucción en la justicia con medidas de coerción ya impuestas.

Santo Domingo.- Unas 13 compañías de seguridad que operaban de manera ilegal, han sido intervenidas por las autoridades, durante los operativos, realizados desde agosto de 2016 hasta agosto del presente año, se ocuparon 567 armas de fuego ilegales y fueron arrestadas unas 24 personas entre propietarios, administradores y gerentes

Las empresas intervenidas e investigadas por operar de manera ilegal son Escuela Private Security, Private Security, Seguridad Suprema, Atlanty, Inter-Com.

En tanto que los ejecutivos de la compañía Security Protection Center, SRL, se encuentran en fase de instrucción en la justicia con medidas de coerción ya impuestas.

Mientras que la empresa Alcones del Caribe, fue cerrada de manera provisional y se encuentra en juicio de fondo. De igual forma se encuentran en fase de audiencia preliminar las empresas Special Armed Security, Compañías de Seguridad G3D, Professional Security And Services y Sepcter.

La información fue ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR), a través de un comunicado de prensa en el que explicó que las empresas Leev, Guaposa y R&P, tienen sentencias condenatorias definitivas, además de que se logró el cierre de las compañías, la imposición de multas y la confiscación de los bienes incautados.

Entre las armas ocupadas hay un total de 396 escopetas, 91 revólveres y 80 pistolas, de las cuales no se tenía ningún tipo de documentación, las marcas eran ilegibles, y algunas de ellas se estableció que habían sido retroqueladas y clonadas, además de que varias tenían el mecanismo de función alterado.

El informe explica que las diligencias de investigación realizadas en esos casos fueron autorizadas mediante órdenes judiciales, siendo ejecutadas por la Procuraduría Especializada para el Control del Tráfico Ilícito de Armas de la PGR, y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada del MIDE.

 

 

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