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domingo 12 febrero, 2023

Afirma que en el país no se protege la agricultura familiar

Sociólogo Carlos Berigüete asegura eso sucede pese a que los productores familiares son los principales abastecedores de bienes de amplio consumo a la población.

Santo Domingo.- La República Dominicana dispone de una base legal y teórica muy bien elaborada respecto a definir lo que es la agricultura familiar y su forma de aplicación.

Sin embargo, ninguna de las 17 instituciones vinculadas al sector agropecuario tiene asignado un departamento, un viceministerio o un área que trabaje de manera directa con ese importante tema.

De esa manera se pronunció Carlos Berigüete, sociólogo, mercadólogo y especialista en agricultura familiar al participar en el programa “Oye País”, que produce y dirige el periodista Ruddy González por Color Visión.

“Dónde está el problema?”, se preguntó Berigüete, para a seguidas señalar que el país tiene toda una base legal y un plan de desarrollo bien elaborados para abordar el tema, “pero algunas de esas instituciones están un poco obsoletas, y este gobierno tiene la oportunidad de empezar a reformarlas”.

Expresó que el tema de la agricultura familiar es de carácter mundial que lo ha venido impulsando la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a nivel de sus 193 países afiliados, y que en América Latina hay al menos nueve países que tienen su ley sobre agricultura familiar.

Recordó que en febrero de 2022 la primera dama Raquel Arbaje anunció que el presidente Luis Abinader iba a someter ante el Congreso Nacional la ley sobre agricultura familiar, pero que aún no hay nada al respecto.

Refirió que hay leyes que vinculan a la agricultura familiar, como la 251-12 que crea el SINIAF (Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales); la 589-16, que define la estrategia de seguridad alimentaria y en su artículo 5 trata lo que es la agricultura familiar y todo lo que es el procedimiento.

Además, resoluciones emitidas por el Ministerio de Agricultura, pero que en esa institución no hay ningún viceministerio asignado para encargarse del tema.

Consideró que la ley de agricultura familiar deberá tener algunos capítulos vinculados a la protección del agricultor familiar, que no es más que un productor o productora cabeza de familia que trabaja la tierra en un predio agrícola con ciertas limitaciones de tamaño (de una a 50 tareas, según Agricultura, o de una a 150 tareas según la FAO), y en el que se incluye a todo el núcleo familiar.

Refirió que Agricultura tendrá que redefinir esas cantidades, puesto que en el 2019, cuando se puso en circulación el plan nacional de desarrollo de la agricultura familiar, que la FAO lo hizo desde aquí, y en cuyo texto se señalaba que es de una a 150 tareas.

“Su sustento principal está supeditado a la producción de ese predio agrícola. El jefe de familia no se incorpora como gerente, sino como trabajador. Si una persona tiene un predio agrícola y lo trabaja con mano de obra contratada, entonces esa persona no es un productor familiar”, explicó.

Destacó que la gran variedad de productos que consume la población proviene de la agricultura familiar, “porque el gran productor que tiene acceso a tecnología, a crédito bancario en el Bagrícola y la banca privada, así como línea de comercialización, en la mayor parte de los casos su producción va con destino al mercado exterior”.

Berigüete dijo que la FAO declaró el 2014 como el Año lnternacional de la Agricultura Familiar.

Ese organismo ha señalado que el 80% de los alimentos que se consumen en el mundo proviene del trabajo de la agricultura familiar.

Expresó que en el 2017 Naciones Unidas resolutó para que del 2017 al 2028 fuera declarado como década de la agricultura familiar. “A partir de ahí se ha producido una literatura extraordinaria y enorme sobre el tema”, destacó.

Recordó que el último censo nacional agropecuario se realizó en el 1981, pero que hace 41 años que no se actualiza la data del sector agropecuario en República Dominicana.

“Eso significa que las políticas agropecuarias se manejan al azar, no con datos precisos y científicos. En el 2015 se hizo un pre-censo, pero está pendiente realizar un censo agropecuario”.

“Se hace necesario que ese censo se produzca, porque se están emitiendo resoluciones y documentos muy interesantes que teóricamente uno los ve porque son elaborados por expertos muy buenos, pero que no descansan en una data actualizada”, refirió.

Explicó que cuando se vaya a el octavo censo agropecuario, sus empadronadores deberán aplicar un cuestionario de manera simultánea para determinar los productores vinculados a la agricultura familiar, y así saber la cantidad de miembros de la familia, cuánto ganan, entre otros detalles.

Políticas públicas
“Las políticas públicas, desde el gobierno, desde el Estado tienen que empezar a apoyar a la agricultura familiar para que el mercado interno no quede desabastecido como está ocurriendo con algunos productos”, afirmó Berigüete.

Indicó que los manejos de las cadenas de intermediación nunca benefician a los pequeños productores pero son un reto que definen las políticas de los diferentes gobiernos, que tienen que convertirse en política de Estado para que haya continuidad.

Puso de ejemplo que un agricultor familiar en Elías Piña o Las Matas de Farfán puede tener 20 matas de aguacate en su predio, y cuando pasa el intermediario le compra cada aguacate a 3 ó 4 pesos la unidad.

“Pero ese mismo aguacate llega a costar en las esquinas a razón de 40, 50 y hasta 60 pesos, y en los colmados la unidad termina vendiéndose a 75 y 80 pesos”.

“El productor necesita una entidad que le permita que su producto pueda ser vendido a un precio un poco más justo. Es imposible eliminar los intermediarios, pero es una cadena que se multiplica demasiado, por lo que el Estado tiene que intervenir para lograr algún tipo de protección a los pequeños productores o agricultores familiares”, afirmó.