Santo Domingo.- El consejo de defensa de Jean Alain Rodríguez, conformado por Gustavo Biaggi Pumarol, Carlos Balcácer y José Martínez Hoepelman sostuvo un encuentro con los principales líderes de opinión del país para “desmontar parte de los absurdos” contenidos en el expediente de medida de coerción en una conferencia denominada “Restricción de Derechos a través de la Justicia”.
Los juristas argumentaron que el ex procurador general de la República (PGR), siendo inocente, se le ha tratado como el más vil de los criminales, en etapa apenas de inicio de una investigación, imponiéndole medidas de coerción máximas para alegadas imputaciones de carácter administrativo o civiles y no penales utilizando el populismo penal como arma de guerra.
Afirmaron que existe un deseo expreso de destruir el legado más significativo en materia penitenciaria realizado en el país por el exfuncionario, “con apenas 42 años de edad, Rodríguez decide intervenir el deficitario sistema penitenciario nacional, para pagar una deuda social que arrastrábamos durante más de siete décadas, construyendo y reformando 14 recintos de los 41 centros carcelarios existentes, que estaban en condiciones deprimidas. En un período de dos años, creó 12,000 plazas para internos, duplicando virtualmente la capacidad carcelaria para terminar con el hacinamiento”.
Asimismo, confirmaron que el proceso relativo al Plan de Humanización fue diáfano y transparente, para lo cual se realizaron los debidos procedimientos de acuerdo a lo establecido por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones (Ley 340-06), bajo una licitación pública a nivel nacional, donde fueron seleccionadas cinco empresas constructoras que cumplían con los requerimientos establecidos para el proceso, todas de alto nivel.
“Las empresas elegidas constan de alto reconocimiento, confiabilidad, vasta experiencia y aval de cumplimiento en el ramo de la industria de la construcción. No son empresas que surgieron al vapor para estos fines, ni las componen ingenieros o familiares relacionados. Son seis contratistas aprobados bajo el marco de unas licitaciones que fueron aprobadas como regulares. Construcciones que cuentan con los debidos estudios de suelo, contemplando el desarrollo pluvial, estancamiento de agua y demás requisitos para este tipo de estructuras”, añadieron.
Señalaron que la veracidad de esta afirmación queda demostrada porque la actual Procuraduría ratificó expresamente, mediante adendas, los contratos de las empresas constructoras y les aumento el precio respectivo, por ajuste por devaluación de la moneda.
Estas adendas fueron suscritas por la procuradora Miriam Germán Brito, y fueron depositadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que nunca hace alusión a ellos.
“El pasado 2 de diciembre del 2020, la procuradora general ratifica y refrenda estos contratos, puntualizando que los mismos fueron otorgados bajo condiciones regulares, en procesos de licitación llevados a cabo exitosamente, y a su vez, aumenta, por ajuste de equilibrio económico todos y cada uno de los contratos, lo que contradice la acusación de un posible desfalco en la construcción de La Nueva Victoria (cárcel Las Parras)”, reafirmaron.
Reiteraron que los contratos contemplan cláusulas de cobertura para daños y fallas, amparadas con pólizas de fiel cumplimiento y vicios ocultos. “Es absurdo afirmar que estas estructuras son inservibles, sin hacer el más mínimo peritaje. Además, es inverosímil que contando los contratos iniciales, con las ratificaciones recientes de los mismos, la administración actual no haya hecho el mínimo esfuerzo, que es parte de su responsabilidad, por reclamar cualquier arreglo y que se preste seis meses más tarde de firmado las adendas con los contratistas, a decir que el ex procurador es el responsable”.
Equipos antidrone
Señalaron que el Ministerio Público (MP) se ha dado la tarea de construir un storytelling (narración) lleno de especulaciones y supuestos alrededor del equipo antidrone, afirmando que el mismo iba a ser utilizado para espionaje e interceptación de teléfonos de manera personal, cuando existen las evidencias que demuestran lo contrario.
“Para lograr el arresto y los allanamientos en contra de Jean Alain, el PEPCA le dice a la jueza, que el equipo a la fecha se encontraba desaparecido. Contradiciendo lo expuesto en el mismo expediente que especifica que en agosto del 2020, la actual procuradora general, instruye la realización de un inventario general de activos de la institución, que incluye el equipo en cuestión. El equipo fue remitido al Departamento Administrativo y Financiero de la Procuraduría mediante oficio, desde la provincia de Independencia, en septiembre de 2020”, adujeron.
Falsedad intelectual
Denunciaron que el MP incurrió de manera deliberada en falsedad ideológica e intelectual en un documento escrito a puño y letra de manos de Rodríguez: “Aprobado debiendo cumplir proceso legal”. Sometiendo adrede en la medida coercitiva de manera maliciosa que el citado escrito de puño y letra del imputado decía: “Aprobado debido cumplió proceso legal”.
Enfatizaron que los representantes de la Procuraduría, responsables de elaborar la medida de solicitud de coerción, adrede y deliberadamente se valieron de un truco gramatical para presentar como ciertos hechos contrarios a la realidad, “escribieron ‘debiendo’, cuando claramente está expresado ‘debido’, y, en lugar de escribir ‘cumplir’, se le antoja escribir ‘cumplió’ para alterar la verdad en el ánimo de colocar la actuación en un modo que se interpretara que fue un hecho consumado así: “Aprobado debido a que cumplió el proceso legal” , cuando en verdad fue todo lo contrario: “Aprobado debiendo cumplir el proceso legal”.
Expresaron su alta preocupación con este accionar, pues no se corresponde con la ética y objetividad que conlleva ser un servidor apegado a la verdad y la transparencia.
Al concluir reiteraron que, “el Ministerio Público se hace valer de una guerra mediática que sustituye la vía judicial, para garantizar la aprobación popular y mostrar la supuesta ‘justicia independiente’, asegurando qué en el caso de su cliente, se ha utilizado la ley como arma para infundir miedo. Así, en una supuesta cruzada para salvar a la democracia y al Estado social, democrático y de derecho que establece la Constitución Dominicana”.
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