Santo Domingo.- El Consejo de Abogados del caso Bahía de las Águilas se querelló en contra del presidente de la Tercera Sala de la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso y Administrativo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Juez Manuel Ramón Herrera Carbuccia, a quien acusa de incurrir en prevaricación, soborno o cohecho y corrupción judicial, al violar el artículo 20 de la Ley 3726, sobre procedimiento de casación, modificada por la Ley 491-08, en la sentencia divulgada por el gobierno.
En la querella interpuesta por la empresa Global Multibussines Corporation representada por Rafael Helena Regalado, en contra del magistrado Herrera Carbuccia se establece que no obstante estar recusado procuró de los jueces que integran su alta corte la firma de la sentencia del caso Bahía de las Águilas, lo cual le negaron y tuvo que recurrir a otra cámara.
Helena Regalado sostuvo que al evacuar el fallo, el magistrado acusado falló en contra de 53 recursos de casación incoados por los propietarios y titulares de los terrenos de la parcela 215-A del DC-3, del municipio de Enriquillo.
Dijo que al ser rechazados los 53 recursos y sólo acoger el recurso de casación interpuesto por el Estado, quien solicitó la casación de la sentencia recurrida sin envío dejó en un limbo jurídico el caso Bahía de las Águilas, al revocar o anular la sentencia del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, quien a su vez revocó la sentencia de la jurisdicción original, afirmando que no existe sentencia que ejecutar en contra de los propietarios, por lo que estos continúan con sus derechos de propiedad firmes.
El jurista afirmó que el soborno se típica cuando nombraron como jueza del Tribunal Constitucional Alba Luisa Beard Marcos, quien había dictado la primera sentencia de jurisdicción original, que posteriormente fue revocada por el Tribunal Superior de Tierras, Tribunal que también fue premiado con el soborno cuando a sus integrantes los ascendieron a jueces de la Suprema Corte de Justicia y otros altos tribunales.
El representante legal de la querellante Global Multibussines Corporation, Rafael Helena Regalado denunció además la violación e intromisión del Poder Ejecutivo en los asuntos judiciales, penetrando a través del soborno, premiando a los jueces que actúan y fallan casos a favor del gobierno, manifestando que este estupró al Poder Judicial en el caso de Bahía de las Águilas.
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