Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha iniciado la agenda de desregulación ambiental más agresiva de la historia moderna, pero a medida que su primer mandato llega a su fin, los tribunales, que incluyen jueces nombrados por los republicanos y que el gobierno esperaba que fueran amigables, reducen muchas de sus políticas.
Esas derrotas en los tribunales de hecho han aumentado las apuestas en la elección y la lucha por el remplazo de Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Justicia: un segundo mandato, aunado a una mayoría conservadora de 6 contra 3 en el máximo tribunal de justicia de la nación, podría salvar algunos de sus mayores retrocesos ambientales.
Desde enero, los tribunales han asestado una serie de golpes a los planes del gobierno de Trump para acelerar el desarrollo de combustibles fósiles y deshacer décadas de protecciones ambientales. El jueves, un tribunal federal de apelaciones bloqueó temporalmente la implementación de un importante retroceso en los estándares de emisiones de metano para la industria del petróleo y el gas mientras considera una acción permanente. Luego, vinieron decisiones de jueces que han puesto en duda el futuro del oleoducto de acceso de Dakota, anulado la relajación de las protecciones para las aves migratorias y dado marcha atrás al desmantelamiento de una norma de la era de Obama para reducir los residuos de la quema de gas natural en tierras federales.
Cinco fallos recientes desfavorables vinieron de jueces nombrados por los republicanos, incluida una decisión sobre el agua limpia que se tomó en abril en la Corte Suprema con 6 votos a favor y 3 en contra, con Ginsburg en la mayoría. Un panel de tres jueces nominados por Trump anuló de manera unánime una política que habría suspendido sanciones nuevas e importantes para los fabricantes de autos que no cumplieran con los estándares de eficiencia de combustible.
De acuerdo con una base de datos que mantiene el Instituto de Integridad Política de la Universidad de Nueva York, un organismo apartidista, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) solo ha ganado 9 de los 47 casos en la corte durante el gobierno de Trump, en tanto que el Departamento del Interior ha ganado 4 de 22. Según la institución, la tasa general de victorias del gobierno en curso está por debajo del 16 por ciento, en comparación con las tasas de victorias de alrededor del 70 por ciento tanto del gobierno de Obama como del de Bush.
Sin embargo, los tribunales, en la mayoría de los casos, han dado al gobierno la oportunidad de volver y revisar su trabajo. Por ende, el futuro de esas normas puede depender de si Trump resulta reelecto, con una mayoría conservadora de 6 votos contra 3 en la Corte Suprema lista para escuchar sus nuevos intentos.
“Si Trump tiene un segundo mandato, puede que tengan tiempo de volver y hacerlo bien”, explicó Michael B. Gerrard, director del Centro Sabin de Derecho sobre el Cambio Climático de la Escuela de Derecho de Columbia.
Los funcionarios del gobierno de Trump y sus simpatizantes ponen en duda las estadísticas del instituto y sostienen que han obtenido resultados mayormente favorables. Por ejemplo, el 11 de septiembre, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Occidental de Virginia se negó a impedir que la reforma del gobierno de Trump a la Ley Nacional de Política Ambiental entrara en vigor, en espera de una decisión definitiva sobre la legalidad de los cambios regulatorios.
Pero hasta los académicos jurídicos conservadores dijeron que las crecientes pérdidas son imposibles de ignorar.
“Existe la sensación de que el gobierno ha actuado con prisa y sin cuidado”, afirmó Jonathan H. Adler, experto legal conservador y profesor de Derecho Ambiental en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland.
Los tribunales aún no han emitido dictámenes sobre los mayores retrocesos de Trump en cuanto a las normas de agua limpia, los frenos a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los autos y las centrales eléctricas, así como las revisiones ambientales de los proyectos de infraestructura. No obstante, los activistas y los fiscales generales demócratas expresaron su confianza en que los jueces determinarían que el relajamiento incluso de esas protecciones ambientales es ilegal, a pesar de lo que se trabajó para desarrollarlas.
Al principio de este gobierno, varios tribunales dictaminaron que los organismos gubernamentales actuaban de manera ilegal al dar poca o ninguna justificación cuando reescribían, debilitaban o derogaban los reglamentos.
Ahora los tribunales están diciendo cada vez más a la EPA y al Departamento del Interior que sus análisis legales, científicos y económicos que sostienen los retrocesos violan directamente las leyes subyacentes.
Algunos de los dictámenes han sido mordaces.
“Matar a un ruiseñor no solo es un pecado, también es un crimen. Esa ha sido la letra de la ley durante el último siglo. Pero si el Departamento del Interior se sale con la suya, muchos ruiseñores y otras aves migratorias que deleitan a la gente y sustentan los ecosistemas en todo el país serán asesinados sin consecuencias jurídicas”, escribió la jueza Valerie Caproni del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en un fallo de agosto que bloqueó la relajación de las protecciones para las aves migratorias por parte del gobierno de Trump.
En una declaración, el Departamento del Interior dijo que aún tenía la intención de avanzar con un dictamen final sobre los cambios.
En el caso de anular la relajación de las sanciones a los fabricantes de autos por parte del gobierno de Trump, los tres jueces republicanos no encontraron “ninguna ambigüedad” en el estatuto que el Congreso aprobó en 2015 que ordena a las agencias federales ajustar una amplia gama de penas civiles para tener en cuenta la inflación.
Y en agosto, un panel de dos jueces nombrados por los republicanos y uno nombrado por un demócrata en el Tercer Circuito de Cortes de Apelaciones de Estados Unidos rechazó la aprobación por parte de la EPA en 2019 de una norma sobre la contaminación del aire para Pensilvania que les habría permitido a las centrales eléctricas de carbón de ese estado superar los límites de contaminación.
El tribunal suele dar a la agencia federal deferencia en la toma de decisiones, escribieron los jueces. Sin embargo, dijeron: “Para recibir tal deferencia, la agencia no puede llegar a la conclusión que quiera y luego defenderla con alusiones vagas a su propia experiencia; en cambio, la agencia debe sustentar su conclusión con un razonamiento demostrable basado en los hechos del expediente”.
Xavier Becerra, el fiscal general de California, que recientemente presentó su demanda número 100 contra el gobierno, dijo que las fallas en los esfuerzos regulatorios del gobierno federal eran constantes.
“El gobierno de Trump es impaciente. El gobierno de Trump es descuidado. Al gobierno de Trump no le gusta hacer su tarea”, manifestó.
Becerra argumentó que los fiscales generales demócratas, que han estado aporreando al gobierno con demandas, tienen tres cosas de su lado: “Los hechos, la ciencia y la ley”.
Gerrard y otros expertos en regulación señalaron que, si Joe Biden llega a la Casa Blanca en enero, tendrá que dar una explicación por escrito de las razones por las que quiere anular cada acción del gobierno de Trump. Eliminar las órdenes ejecutivas de Trump será relativamente fácil, pero volver a pasar por el proceso regulatorio con temas como las normas de eficiencia de combustible llevará tiempo.
Eso haría que las demandas presentadas por los fiscales generales demócratas sean aún más importantes, ya que habrán impedido que muchas normas entren en vigor mientras sus sustitutos se abren camino en el proceso de regulación.
“Muchos de estos retrocesos van a tener raíces muy poco profundas y tal vez ni siquiera las tengan”, dijo David Hayes, director ejecutivo del Centro Estatal de Energía e Impacto Ambiental.
James E. Tierney, ex fiscal general de Maine que ahora imparte cursos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard sobre el papel de los fiscales generales, dijo que están “institucionalmente diseñados para ser guardianes independientes, frenos independientes para el poder”.
Su relativa independencia del poder ejecutivo, ya sea en su propio estado o en el gobierno federal, se remonta a las trece colonias originales y, antes de eso, al derecho consuetudinario inglés.
“Si hay un presidente demócrata, arremánguense la camisa y esperen a que Texas presente demandas contra el presidente Biden”, dijo.
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