España está a poco más de 6,700 kilómetros de República Dominicana, pero igual pesar ha producido la muerte de Gabriel Cruz, un niño de ocho años de edad que llevaba 12 días desaparecido.
El dolor es por partida doble: primero por la pérdida física de un infante lleno de vida e inocencia, y segundo, porque en el caso se tiene como principal sospechosa a Ana Julia Quezada, una quisqueyana con varios años residiendo en la madre patria y novia del padre del niño.
La muerte del menor, indudablemente, coloca en una posición difícil a nuestra laboriosa comunidad dominicana en esa nación.
Por eso saludamos la acción oportuna del Gobierno dominicano a través de su embajador Olivo Rodríguez Huerta al dar a conocer públicamente nuestra posición ante lo acontecido.
Vemos como muy juicioso, responsable y atinado el comunicado oficial del diplomático. En el documento que se ofrecen las condolencias de parte del pueblo dominicano y además de dejar por sentado el rechazo al crimen del menor.
Ahora nos corresponde, como país, colaborar con las autoridades españolas para llegar al fondo del caso.
No obstante, en medio del dolor también debemos prestar toda la asistencia legal a Quezada, con el objetivo de que se le garantice su defensa en el debido proceso. La suerte de la coterránea debe estar en manos de justicia, y si es encontrada culpable, que en ella caiga todo el peso de la ley.
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