Apropósito de las fechas históricas de abril de 1965 y 1984, los conflictos sociales, aún no superados en Nicaragua, son un espejo en el que debe mirarse el conglomerado de países latinoamericanos, incluyendo nuestra República Dominicana.
Con mucha frecuencia los gobiernos de la región adoptan medidas inconsultas y dejan de lado el mecanismo idóneo de la sociabilización para abrazar las imposiciones.
Desde el pasado martes Nicaragua vive momentos de tensión: los hechos cobraron al menos 27 vidas, incluyendo la del periodista Ángel Gahona muerto de un tiro fulminante, mientras hay más de 100 heridos y se desconoce la totalidad de los detenidos.
Ese es el fatal resultado de la imposición.
El gobierno del presidente Daniel Ortega, un hombre fraguado en la lucha por las conquistas sociales del sandinismo, con lo acontecido desconoció su propia esencia y trató de imponer por medio de dos resoluciones un aumento a la cotización de trabajadores y las empresas, así como quitar un 5% de las pensiones que reciben las personas jubiladas.
La capacidad de aguante de Nicaragua estalló, y aunque las resoluciones fueron derogadas, la población ha dejado ver su hastió al reaccionar de manera enardecida contra la administración de Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo Zambrana.
Los gobiernos latinoamericanos deben comprender, de una buena vez, que los pueblos son los dueños de su historia y que sólo la escriben en base al concurso colectivo.
Nicaragua es un espejo que refleja conflicto, sangre, niños huérfanos, viudas y miseria.
Aquí en el patio las demandas del 24 de abril 1965 y las pobladas de 1984 aún figuran en cuentas pendientes.
Por eso reprobar este baño de sangre y condenar las acciones de una administración que no responde a las expectativas de sus gobernados es lo sensato.
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