Dos denuncias graves. La Dirección General de Contrataciones Públicas ha detectado colusión entre las empresas licitantes tanto en procesos del Minerd como del Inabie. El sector educativo que junto a los programas de asistencia social son habitualmente los que más impugnaciones soportan en sus procesos.
El mecanismo que se formuló con la aspiración de romper con los favoritismos y los negocios amañados en las compras al Estado necesita controles más severos, pero sobre todo más ágiles.
Procesos detenidos por la complejidad del procedimiento o la inexperiencia de los responsables conviven con grupos de suplidores que manejan a su favor el sistema resultando ganadores inapropiados en licitaciones enredadas.
El Estado es el gran comprador y el sistema de licitaciones es el más democrático. Pero esta situación está llevando a que honestos empresarios hayan decidido retirarse de las compras públicos y que el Estado termine pagando mucho dinero de más.
Toca ahora aclarar las acusaciones e investigar hasta el final.
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