La impunidad motiva a inobservar las reglas. Eso en todos los niveles de cumplimientos.
Por eso la ley sin sanción es peor que letras muertas.
Es frecuente que las propiedades públicas sean afectadas por quienes transitan, sobre todo de forma temeraria, y nadie responde por esas faltas.
Cometidos los daños, el Estado termina reparando o reponiendo la obra con cargo al Presupuesto nacional.
Bien lo haga un gobierno municipal o una institución del Gobierno central.
No importa quien asuma la responsabilidad de hacer la inversión para reposición, pues al final los fondos proceden de una misma fuente, la recaudación fiscal o de fondos prestados.
Y sabemos que esos “accidentes” son hijos de la temeridad.
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