El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) tiene la difícil tarea reducir los excesos a los dirigentes y a los partidos políticos en sus esfuerzos para las elecciones del 2024.
Es complicado porque las normas con que cuentan los miembros del organismo resultan ambiguas o poco efectiva para ejercer esa coerción.
Además, porque la línea que separa el trabajo partidario con una campaña es confusa de definir.
Los partidos hacen las leyes que los regulan y por lo regular no se colocan camisa de fuerza.
La JCE debe torear y en ese sentido todo cuanto haga es válido para reducir los excesos que puedan cometer las organizaciones.
Pero debe centrarse en organizar las elecciones. Y procurar recursos a tiempo.
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