Anibel González, fue la primera de la víctima de un “acuerdo” propuesto por la suspendida fiscal de la provincia San Pedro de Macorís, Margarita Hernández Morales, y que posteriormente, quedó validado por un juez. Ambos estamentos la sentenciaron a muerte.
Su verdugo Oscar Fernández Estévez (Ray) consumó el acto el pasado 02 de septiembre del 2019, tras dispararle varias veces, luego se quitó la vida.
Previamente, el 3 de diciembre de 2017, Ray intentó asesinarla agrediéndola con 7 puñaladas frente a sus niñas. Ahí pudo escapar y sobrevivió.
González apenas tenía 30 años de edad.
Consumado este hecho de sangre la Procuraduría de la República se comprometió ante el país a investigar, pero la secuela registrada evidencia que no profundizó ni se interesó en revisar la lista de acuerdos, vinculados a los mismos casos, que tramitó la entonces directora del departamento de Violencia de Género en esa provincia.
Ahora como una jugada macabra del destino detectamos que en esos expedientes estaba también el caso de Juana Domínguez, de 33 años, otra mujer asesinada recientemente a golpes por su compañero Johan Manuel Ramírez.
A diferencia del asesino anterior, éste no tuvo la certeza de suicidarse.
Como otros casos, Ramírez fue condenado a tres años de prisión por intentar asesinar Domínguez. Eso ocurrió en el 2017, le asestó 11 puñaladas.
Anibel y Juana, hoy se cuentan como otros casos más de feminicidios ocurrido en el 2019.
No obstante, sus muertes dicen más. Quedan como mujeres testigo de la inacción de un sistema, que al parecer, poco le importa la suerte de ellas y de quienes lo sustentan.
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