Santo Domingo.- El presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD) Celso Juan Marranzini propugnó por un consenso para la firma y puesta en funcionamiento del pacto eléctrico, tras aducir que implica grandes beneficios para el país, el aparato productivo y consumidores del servicio eléctrico.
Destacó que la puesta en vigencia de ese pacto, contribuiría a reducir pérdidas económicas a las empresas y sería un alivio enorme para la carga en el presupuesto nacional que representa el déficit fiscal.
Marranzini, refirió que la implementación de las medidas contempladas en dicho pacto, permitirá a las empresas aumentar sus niveles de competitividad y los más desposeídos se beneficiarían con la disminución de los apagones eléctricos.
“La firma del pacto eléctrico es de gran interés nacional, pero realmente requiere del consenso de todos los sectores, incluyendo el político. Sin lugar a dudas traerá beneficio a todos los sectores del país, porque con la reducción de las pérdidas se beneficiarán directa e indirectamente las grandes, pequeñas y medianas empresas “, explicó el dirigente empresarial.
Se recuerda que el 31 de octubre del pasado año el Consejo Económico y Social (CES) entregó al presidente Danilo Medina, el documento final para el pacto eléctrico que es un mandato de la Ley 1/12 que define la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Del Ríos Doñe
También el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel Del Ríos Doñe, consideró que debe ser impostergable la firma e implementación del pacto eléctrico que ha sido consensuado por distintos sectores.
El experto en asuntos sindicales consideró inexplicable que luego de haberse discutido los diversos aspectos de ese pacto, no haya sido firmado, lo que atribuye a un sector que desde un principio lo ha objetado por intereses personales.
“Apoyamos en todas sus parte el pacto eléctrico por ser un instrumento de mucha trascendencia para el país, tanto para el sector privado, como el público“, añadió.
Del Río Doñé, insistió además, que es inaceptable que por intereses de un sector que participó en la discusión de ese acuerdo, este no haya sido rubricado y puesto en vigencia.
El principal dirigente de la CASC, sin embargo, confía que ese importante instrumento de desarrollo para la economía del país, será implementado lo antes posible, “porque intereses particulares no deben imponerse ante el colectivo”.
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