Santo Domingo.- La consultora Mipyme (mircro, pequeñas y medianas empresas) Elizabeth Berigüete, instó a los representantes del comercio, la agroindustria y profesionales calificados a convertirse en veedores o garantes del cumplimiento de los procedimientos de compras y contrataciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y otras instituciones públicas llamadas a incluir a las micro, pequeñas y medianas Empresa (Mipyme).
Berigüete dijo que el incumplimiento crónico de artículos claves de leyes, decretos y resoluciones en los procedimientos de compras y contrataciones públicas dificulta la integración exitosa de muchas Mipymes a ser suplidores del Estado y pone en riesgo la permanencia de los espacios conquistados.
“Los artículos 67 y 72 de la Ley 340-06 empoderan la ciudadanía a exigir el cumplimiento y monitoreo de los artículos que benefician a las Mipymes y la producción local”, apuntó. “Podemos denunciar y pedir revisiones de los procedimientos que consideremos que están en violación ante las entidades contratantes y la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP)”.
Consideró oportuno aprovechar la voluntad política del presidente Luis Abinader y el desempeño apegado a las leyes del director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, para acabar con las malas prácticas del pasado y que algunos funcionarios del presente pretenden seguir, haciéndose ciegos, sordos y mudos.
“Que se cumpla el artículo 222 de la Constitución , donde el Estado reconoce el aporte de las Mipymes y las cooperativas al desarrollo del país y fomenta la integración del sector informal y se cumpla a cabalidad la Ley 488-08 de desarrollo y competitividad Mipymes y el artículo 1 de la Ley 187-17 de clasificación Mipyme”, añadió.
También abogÓ por el cumplimiento de los artículos 20, 24 y 26 de la ley 340-06 de evaluación y adjudicación, los artículos 3, 6, 7, 8 y 9 del decreto 543-12 destinado a la inserción y permanencia de Mipymes así como los decretos 164-13 y 168-19, de compras de producción nacional y de productos agropecuarios locales.
“Que se imponga la democracia del liderazgo participativo en las veedurías para el cumplimiento de los procesos de compras y contrataciones públicas, haciendo prevalecer las consultas, impugnaciones, investigaciones, réplicas y medidas cautelares, para garantizar el debido cumplimiento jurídico”, significó.
Sostuvo que la veeduría ciudadana es un mecanismo democrático de representación que permite a las organizaciones y a los profesionales calificados ejercer vigilancia a los organismos estatales y a los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones.
“La voluntad política expresada por el presidente de la República y las oportunidades de compras públicas, facilitan el fomento de las Mipymes y cooperativas comunitarias”, apunto Berigüete.
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