Santo Domingo.- El presidente del Consejo Directivo de Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Nelson Arroyo, informó este domingo que con el objetivo de poner orden en el espectro radioeléctrico del país, en diez meses ha cerrado 38 emisoras de radio que operaban por fuera de la ley.
“Hemos cerrado 38 emisoras en diez meses hemos cerrado más emisoras que en los últimos diez años”, afirmó el funcionario, quien admitió que ante esas decisiones han acudido compañeros de su partido a hacer reclamos y se les responde que hay que cumplir con la Ley 153-98.
Entrevistado en el programa televisivo “McKINNEY”, por Color Visión, Arroyo dijo que esas emisoras eran de empresarios, políticos y otras personas pero “a todos se les ha medido con la misma vara”. El también vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) reveló que en el gobierno pasado hicieron tres intentos de cerrar emisoras y no cerraron ninguna y “nosotros, en 42 operaciones de cierre, hemos cerrado 38”.
Saneamiento
En materia administrativa, Arroyo indicó que “cuando llegamos (16 de agosto pasado) había 854 empleados en nómina y ahora tenemos 654, mientras que los contratados recibían un pago mensual de 4.6 millones de pesos y eso está en cero contratados”.
Dijo que los proveedores tenían atrasos de hasta diez meses, pero hoy no se debe un centavo y se paga cada 30 días.
Destacó como un hecho notable que a todas las personas que fueron canceladas del Indotel se les pagaron sus prestaciones laborales a tiempo y cuando hubo cualquier retraso de los diez días que establece el Código de Trabajo, se cubrió ese tiempo también.
“En el Indotel no se le debe un centavo de prestaciones laborales a nadie”, apuntó Arroyo, lo que marca una distancia de decenas de ministerios del gobierno de Luis Abinader que a casi un año de las cancelaciones, miles de empleados están reclamando el pago de su liquidación.
Igualmente, el presidente de Indotel señaló que ya disponen de equipos para monitorear la calidad de internet y están entrenando al personal para atender los reclamos ciudadanos frente a los servicios que dan las prestadoras por debajo de la cantidad contratada.
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