Santo Domingo.- Las compras públicas de alimentos de la agricultura familiar son iniciativas que proveen un canal de comercialización para que pequeños agricultores accedan a mercados públicos, pero se requiere trabajar en políticas públicas que faciliten su acceso en la República Dominicana.
De acuerdo a Carlos Pimentel, Director de Compras y Contrataciones, esa entidad tiene el compromiso de impulsar políticas y acciones necesarias para abrir el mercado público a los productores agropecuarios y que puedan reforzar el apoyo a la producción nacional, en reducción a la intermediación y contribución a los procesos de regionalización que se deben desarrollar en materia de descentralización de las compras públicas.
Una de estas iniciativas sería la creación de una ley de agricultura familiar, para lo cual sugirió establecer una mesa de trabajo con múltiples actores que den cuerpo a esta normativa que permita generar condiciones del acceso a mercados púbicos de pequeños productores.
“Los agricultores campesinos hemos demostrado que tenemos la capacidad de alimentar al 70% de la población, pero faltan políticas públicas que garanticen el fortalecimiento del campesinado y cierre las enormes brechas que tenemos”, aseguró Katherine Cabrera, lideresa de la Confederación de Mujeres del Campo (CONAMUCA).
Para el ministro de Agricultura, Limber Cruz, fortalecer la agricultura familiar como proveedor del sistema de compras públicas es una herramienta clave, no solo para disminuir la pobreza en zonas rurales sino para promover dietas más saludables.
En ese sentido, Rodrigo Castañeda, representante de la La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), manifestó el compromiso de esa organización para diseñar y acompañar al gobierno dominicano en el establecimiento de un programa de compras públicas a la agricultura familiar en la República Dominicana.
Estas declaraciones fueron emitidas durante la celebración virtual del Diálogo Hambre Cero sobre articulación de las compras públicas a la agricultura familiar, organizado por la FAO y CIPROS, con apoyo de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID), a través del programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”.
En este conversatorio se presentó además la experiencia de compras públicas del Uruguay, que tiene un marco legal desde 2014 y en cuya implementación han tenido un rol fundamental las cooperativas de productores.
De acuerdo a Federico Riani, Responsable de la Unidad Comercial de las Cooperativas Agrarias Federadas de Uruguay, la ley de producción familiar agropecuaria de ese país establece un mecanismo de reserva mínimo de mercado de 30% para las compras centralizadas y un 100% para las compras descentralizadas provenientes de organizaciones de agricultores familiares.
En el encuentro, que fue moderado por Guadalupe Valdez, Embajadora Hambre Cero de la FAO, participaron también el diputado Rafael Abel, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y Arnoldo de Campos, especialista internacional en Agricultura Familiar y Compras Públicas de FAO.
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