La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) acaba de sacarnos de la “lista negra” de países que degradan los derechos humanos de las personas, renglón en el que injustamente permanecíamos.
Esa lista es el Capítulo IV.B, y aunque ya no figuramos en la misma, debemos tomar este informe con cautela ante las ojerizas que se perciben en el mismo.
Es cierto que sólo duramos en esa fastidiosa lista 12 meses, pero también es cierto que no debemos estar ahí ni un solo día.
Según la CIDH en la República Dominicana se practicó la privación de la nacionalidad y se fomentó la apatridia, a partir de la sentencia 168¬-13 del Tribunal Constitucional, la cual consideró que son dominicanos las personas nacidas en nuestro territorio de padres dominicanos o residentes legales.
Ahora la CIDH nos excluye, pero mantiene en el ambiente un sabor amargo, porque dicho informe no establece con argumentos sólidos y la claridad debida si el país superó la “falta” que motivó su condena moral ante el mundo.
Insistimos en que la CIDH actúa con mezquindad porque tácitamente no nos descarga de la odiosa calificación de apátridas, porque sólo refiere en su informe el esfuerzo del Estado dominicano en la construcción de una política de diálogo y apertura para viabilizar los avances del país sobre el respeto a los derechos humanos.
Mientras, preguntamos a la CIDH y a nuestro Gobierno, ¿República Dominicana, fue apátridas o no?
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