Santo Domingo.- Un grupo de empresas del sector de equipamientos y suplidores de hospitales del Estado objetaron la licitación pública No. SNS-CCC-LPN-002-2018, convocada por el Servicio Nacional de Salud (SNS) para la adquisición de equipos médicos y de laboratorios, así como instrumental quirúrgico, para dotar a los centros diagnósticos y hospitales con equipos estimados en RD$1,200 millones.
Dicho grupo de empresa está formado por las sociedades comerciales Guival Medical SRL, Cientec SRL, Cruz-Ayala SRL, Almanzar y Estevez SRL, Diamelab SRL, Sueb y Fargesa SRL, Ralansa Eirl y Archex Group SRL, entre otras.
Aseguran que con el propósito de favorecer a un grupo en particular, el SNS ha establecido términos de la licitación y fichas técnicas amañadas y dirigidas a beneficiar un determinado suplidor, lo que constituye violaciones graves a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, así como el decreto 543-12 que establece su reglamento.
Citaron también que el requerimiento de una línea de crédito 50 por ciento por oferta a presentar, constituye una forma de excluir del proceso a las pequeñas y medianas empresas del sector, “toda vez que viola flagrantemente el artículo 3 y los principios que consagra dicha legislación de igualdad, libre competencia y participación, además de los principios de economía y flexibilidad y el principio de razonabilidad”.
“Otro aspecto que ha empañado el proceso han sido las constantes posposiciones a través de circulares y enmiendas fuera de plazos, que en vez de facilitar y allanar el procedimiento lo han sumido en graves confusiones que sólo persiguen enrarecerlo”, puntualizaron.
Pusieron como ejemplo la emisión de la enmienda número 9, la cual fue publicada a menos de 48 horas hábiles de la recepción de los sobres A y B, lo cual hace imposible acatar su contenido y adaptar la oferta a sus requerimientos.
Pidieron a al director ejecutivo del SNS, Chanel Rosa Chupany, la suspensión de la licitación a los fines de corregir su curso y garantizar la libertad de competencia, para que el Estado se beneficie de productos de calidad y precios competitivos.
De lo contrario, manifestaron, procederán a impugnarla a través del órgano rector de Compras y Contrataciones y los organismos estatales que deben velar por la trasparencia y la pulcritud de los procesos de adquisiciones públicas.
Señalaron que la anterior licitación para la adquisición de equipos y mobiliario del sector salud fue anulada por Compras y Contrataciones en el 2018 por los mismos motivos que hoy se señalan.
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