Santo Domingo. - La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) continúa consolidando su rol como garante de la transparencia y la defensa de los denunciantes, al lograr que el Ministerio de Administración Pública (MAP) dispusiera la reposición de servidores públicos desvinculados tras denunciar irregularidades en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON).
Este resultado es fruto de una serie de gestiones institucionales impulsadas por la DIGEIG, luego de recibir en agosto de 2025 denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas en dicha entidad.
Tras realizar los levantamientos preliminares, la institución determinó que los hechos podrían tener implicaciones penales, por lo que remitió el expediente al Ministerio Público, específicamente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), conforme a la normativa vigente.
Como parte de su compromiso con la integridad, la DIGEIG no solo dio seguimiento al proceso investigativo, sino que también actuó para prevenir posibles represalias contra los denunciantes.
En ese sentido, elevó el caso ante la Procuraduría General de la República, destacando la necesidad de proteger a quienes ejercen su derecho a denunciar actos de corrupción.
En el marco de estas acciones, la directora general de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch, sostuvo reuniones con la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y gestionó formalmente ante el MAP la revisión de las desvinculaciones.
Como resultado de esta intervención, el Ministerio de Administración Pública instruyó la reposición de los servidores afectados, garantizando el respeto a los derechos laborales y a los procedimientos establecidos en la Ley de Función Pública.
Para la DIGEIG, esta decisión representa un hito en el fortalecimiento de los mecanismos de protección a denunciantes y envía un mensaje claro de que el Estado dominicano respalda a quienes contribuyen a prevenir y combatir la corrupción.
Impulso a una ley de protección a denunciantes
Este logro se enmarca en una agenda más amplia liderada por la DIGEIG para fortalecer la cultura de integridad en el país. Actualmente, la institución trabaja en el desarrollo de un anteproyecto de ley de Protección al Informante, Victima y Testigos en la Administración Pública en colaboración con el Programa para el Desarrollo del Derecho Comercial (CLDP) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, con el apoyo de USAID.
La iniciativa busca dotar a la República Dominicana de un marco legal robusto que garantice la protección efectiva de los informantes frente a represalias, asegurando confidencialidad en procesos de denuncias, fomentando la denuncia responsable de actos de corrupción y así continuar fortaleciendo la integridad en el sector público.



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