Cada vez tenemos menos razones para sentirnos identificados con las decisiones judiciales en la República Dominicana. Es como si los jueces no encontraran razones válidas para ganar respeto con sus decisiones.
No les entusiasma sentar precedentes, inclinándose cada vez más a intereses particulares y con ello alejándose del interés colectivo, del bien común.
La sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) concediendo propiedad privada sobre los terrenos del Parque Jaragua es una decisión indigna. Procuran entregar 12 millones de metros cuadrados a un emporio empresarial para desarrollo turístico.
Es una decisión inaceptable, violatoria de la Constitución y de la Ley 64-00 que crea las áreas protegidas.
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