Santiago. - La falta de información sobre las puntuaciones obtenidas y los criterios que determinaron la exclusión de participantes del concurso interno para seleccionar a los titulares de 38 dependencias del Ministerio Público ha generado inconformidad entre fiscales y procuradores, quienes cuestionan la transparencia del proceso y reclaman explicaciones sobre la evaluación de sus expedientes.
Los miembros de la carrera que no avanzaron a la fase de entrevistas sostienen que, aunque fueron notificados de que sus postulaciones no superaron las etapas de evaluación del historial laboral, formación académica y habilidades blandas, desconocen cuántos puntos obtuvieron en cada componente, cuáles aspectos incidieron en su calificación y las razones específicas por las que quedaron fuera de la selección.
“Yo no reclamo que me hayan descartado. Lo que quiero saber es dónde fue que yo fallé y dónde tengo que mejorar. Según las bases del concurso, yo iba a tener una calificación antes de que se convocara a las entrevistas, pero me descartan y ya están convocando a las entrevistas”, expresó uno de los magistrados consultados, quien pidió mantener su identidad en reserva.
El cuestionamiento no se limita a las decisiones de la comisión evaluadora, sino también a la ausencia de información que permita a los concursantes conocer cómo fueron ponderados sus méritos profesionales y ejercer efectivamente su derecho a solicitar una revisión.
La situación está documentada en varias comunicaciones personales examinadas para esta publicación, remitidas a participantes del concurso y encabezadas con Señor (a), debajo el nombre del aplicante y luego con la fórmula genérica “Distinguido (a) Magistrado (a)”, sin identificar por su nombre y por su género a los destinatarios.
En los documentos, la Comisión Evaluadora informa que “luego de concluir la valoración del historial laboral, las acreditaciones académicas y la prueba de habilidades blandas, las postulaciones no alcanzaron avanzar a la etapa de entrevistas ante el Consejo Superior del Ministerio Público”.
Sin embargo, las comunicaciones no contienen el desglose de las puntuaciones, no identifican los criterios en los que los participantes obtuvieron menores calificaciones ni explican las razones particulares de su exclusión.
“¿En qué fallé? ¿Qué habilidad blanda no tengo para dirigir?”, cuestionó otro de los magistrados consultados, quien aseguró que ha ocupado diversas posiciones, no ha recibido sanciones disciplinarias y cuenta con formación académica de posgrado, además de publicaciones en medios de comunicación.
Los participantes explicaron que han desarrollado una trayectoria profesional dentro de la institución. Además, de otros méritos como publicaciones, preparación académica y posiciones ocupadas dentro de la institución, que según las bases del concurso, forman parte de los elementos que pueden ser ponderados en la evaluación del historial laboral.
A su juicio, la falta de explicaciones les impide conocer si su experiencia, preparación académica y competencias fueron valoradas conforme a los parámetros establecidos.
Sin información para solicitar revisión
Uno de los principales cuestionamientos de los participantes es que las notificaciones recibidas tampoco les explican cómo ejercer el mecanismo de revisión previsto en las propias bases del concurso, tampoco en la página del ministerio público existe ese acápite donde se pueda ejercer ese derecho.
El documento establece que, una vez completadas todas las fases, los participantes deberán recibir una notificación directa con el puntaje obtenido.
Asimismo, contempla un plazo de cinco días hábiles para solicitar la revisión de la decisión sobre sus postulaciones ante el Consejo Superior del Ministerio Público, a través de la Secretaría de ese órgano.
Sin embargo, los magistrados consultados sostienen que conocer únicamente que no avanzaron a la entrevista, sin recibir las puntuaciones ni las razones particulares de la decisión, los coloca en una situación de incertidumbre al momento de fundamentar una eventual reconsideración.
“Si mi expediente valía 25 puntos, pero usted me puso 19, explíqueme por qué. Si me faltó determinada experiencia, dígame dónde perdí los puntos. Yo puedo reconocerlo, pero necesito saber qué fue lo que se evaluó”, manifestó otro de los fiscales.
El reclamo también plantea interrogantes sobre el cumplimiento de los principios de motivación, transparencia y objetividad que deben orientar las actuaciones administrativas.
La Ley 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, establece en su artículo 6 el deber de las instituciones públicas de motivar adecuadamente sus resoluciones administrativas.
Mientras que el artículo 9, en su párrafo II, dispone que la motivación constituye un requisito de validez de los actos administrativos que se pronuncien sobre derechos o tengan un contenido discrecional.
Por su parte, la Ley 41-08 de Función Pública reconoce la carrera del Ministerio Público como una carrera administrativa especial, cuyo régimen debe desarrollarse mediante sus disposiciones específicas.
En ese contexto, los cuestionamientos de los participantes se concentran en la necesidad de que las decisiones del concurso puedan ser conocidas, verificadas y revisadas a partir de criterios objetivos y resultados individualizados.
Cuestionan rapidez del proceso
Otro de los aspectos que ha generado inquietud entre los fiscales es la rapidez con que se desarrollaron las últimas etapas del concurso, convocado el 22 de junio de 2026.
Uno de los magistrados explicó que esperaba conocer los resultados de las evaluaciones antes de que comenzaran las entrevistas ante el Consejo Superior, pero aseguró que recibió la notificación de exclusión cuando ya se estaba convocando a los participantes que continuarían en el proceso.
“Las bases no establecen un cronograma específico. Se suponía que en octubre se tenía que estar dando forma a lo que son las entrevistas y nos encontramos de repente con que el jueves empiezan a convocar, comenzando desde el domingo las entrevistas. Esa es la situación”, relató.
Los entrevistados también señalaron que la proximidad de las elecciones para escoger a los nuevos integrantes del Consejo Superior del Ministerio Público, previstas para el 5 de diciembre, ha alimentado interrogantes sobre la premura para concluir la selección de las titularidades antes de la conformación del nuevo órgano.
Nos acercamos a diversos miembros del ministerio público que participaron en el concurso, y aunque admitieron que hay incertidumbre y malestar a lo interno de la institución, decidieron no pronunciarse públicamente por temor a las consecuencias que pudieran tener sus declaraciones dentro de la institución.
Las 38 titularidades convocadas
El concurso interno tiene como finalidad cubrir 38 posiciones cuyos períodos de designación se encuentran vencidos, distribuidas entre fiscalías, procuradurías regionales, procuradurías especializadas y departamentos de abogados del Estado.
De acuerdo con las bases publicadas por el Consejo Superior del Ministerio Público y la Dirección General de Carrera, 22 plazas corresponden a procuradores fiscales titulares, seis a procuradores generales de corte titulares de procuradurías regionales, seis a procuradurías especializadas y cuatro a abogados del Estado.
Entre las fiscalías convocadas figuran las de Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Constanza, Jarabacoa, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal y Santo Domingo Oeste.
También están las procuradurías regionales de Santiago, Duarte, Montecristi, San Cristóbal, Barahona y San Pedro de Macorís, además de seis procuradurías especializadas, entre ellas la de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Antidrogas, Delitos Electorales y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Los criterios de evaluación
Las bases establecen una valoración de hasta 100 puntos, distribuida entre el historial laboral, la formación académica y la entrevista de selección, además de una prueba de habilidades blandas con un mínimo de aprobación de 80 %.
El historial laboral representa 65 puntos y contempla las posiciones ocupadas, las funciones de dirección y coordinación, las sentencias de casos relevantes y las publicaciones en periódicos, revistas indexadas y otros medios que permitan comprobar los méritos de los participantes.
La formación académica tiene una ponderación de 20 puntos, con asignaciones específicas para cursos, talleres, diplomados, especialidades, maestrías y doctorados, mientras que la entrevista ante el Consejo Superior representa los 15 puntos restantes.
Las competencias gerenciales y personales son examinadas mediante la prueba de habilidades blandas, destinada a medir el desarrollo de capacidades individuales y sociales que inciden en el desempeño profesional y la dirección de equipos.
El comité evaluador está integrado por representantes de la Dirección General de Carrera, la Dirección General de Persecución y un procurador adjunto designado por la procuradora general, quienes tienen a su cargo supervisar las distintas fases del proceso.
Ante las inconformidades expresadas, los participantes reclaman que las autoridades expliquen cómo fueron aplicados los criterios de evaluación, entreguen las puntuaciones individuales y garanticen información suficiente para que quienes quedaron fuera puedan ejercer el mecanismo de revisión establecido.
“Estamos hablando de una institución pública y la transparencia debe ser un eje transversal de todo. No me puedes decir simplemente que no pasé a la fase de entrevista; dime dónde me quitaron los puntos”, concluyó uno de los magistrados.
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