Santo Domingo. - Hanfiel Polanco, abogado de los parientes de la familia atropellada en Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, denunció este domingo múltiples irregularidades en el proceso y señaló a la jueza Mary Berenita Ramírez Jiménez, como la propietaria del vehículo involucrado en el atropello.
“Hicimos la declaración de tránsito, sin embargo, hasta la fecha no tenemos ninguna prueba que evidencie ni que él sea menor de edad ni que hayan sido interrogados todos los sujetos menores o mayores de edad que estuvieron involucrados en el altercado”, afirmó el abogado mediante una llamada telefónica con medios de comunicación.
En el accidente ocurrido en la noche del pasado jueves, perdió la vida Altagracia Trinidad, mientras que su hija de 14 años de edad y su hermana, son atendidas en distintos centros de salud del gran Santo Domingo.
Polanco denunció que el supuesto menor que conducía el vehículo no ha sido detenido.
“El chofer no está detenido. El chofer que se presume es un menor de edad conforme al acta de tránsito fue cargado a un militar como parte del protocolo que utilizan en estos casos a los fines de que pueda ser llamado en cualquier momento, sin embargo, el menor no ha sido presentado en ninguna de las instancias. El acta de tránsito ni siquiera fue firmada por los padres, sino por un abogado que ellos buscaron para esos fines o un tercero, que de acuerdo a las de tránsito, fue en compañía de su padre, entonces nosotros vamos a investigar y vamos a esperar que la Fiscalía no tenga ningún tipo de condiciones previas por la condición de quién se trata el vehículo”, explicó.
El abogado mencionó que el joven tiene 17 años, aunque señaló que esta información es aún una presunción debido a la falta de documentación oficial.
Además, dijo que las autoridades han sido lentas y evasivas en la entrega de documentos esenciales para avanzar en el caso.
“El menor tiene 17 años de edad, pero no tenemos nada, es presunción, porque las autoridades no nos han entregado un solo documento, porque las autoridades no nos han entregado un solo documento, solo tenemos el acta de tránsito, donde ellos relatan lo que pasó”, dijo.
El abogado puntualizó que el vehículo le pertenece a una jueza, que supuestamente es coordinadora de jueces del Distrito Judicial de Santo Domingo Este.
Además, expresó que hay varias grabaciones de cámaras con las que entienden que “fuera de lo que pueda ser un accidente, hay otras connotaciones penales por la condición en que se dieron los hechos”.
“Hay varios vídeos donde se ven a estos sujetos, de manera muy planificada, en ida, vuelta, espera, acelerar, no frenar y esperar que crucen para acelerar, hay un sinnúmero de condiciones que se dan aquí que en el momento por la rapidez del asunto no hemos podido identificarlas en el tipo penal y vamos a tratar de que las pruebas arrojen luz a otras responsabilidades penales”, sostuvo.
Subrayó que la familia de las víctimas ha tenido dificultades para obtener justicia.
El abogado relató que cuando el viernes se presentaron a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la entidad le pidió prueba de que las dos personas (hermana e hija de la fallecida) que estaban ingresadas entraron por accidente de tránsito.
Contó que tuvieron que irse a Constanza a darle cristiana sepultura a la fallecida y que cuando se apersonaron a la Digesett de Santo Domingo Este en la tarde de ayer sábado, se negaron a aceptar la cédula de un hermano de la fallecida porque no tenían el acta de nacimiento a mano.
“Nos pidieron el acta de nacimiento de la fallecida y, si el que está ahí por cédula tiene el mismo apellido de la fallecida, no quisieron aceptarla porque supuestamente no existía prueba de afiliación de hermanos”, explicó el abogado, quien tuvo que acudir a la Junta Central Electoral a las 5:00 de la tarde para obtener los documentos necesarios.
“Estamos hablando de un sábado a las 5:00 de la tarde… una víctima que lo que necesita ese respaldo del Estado y este Estado lo que hizo fue caso omiso, pero no sabíamos nada de eso hasta que nos percatamos que atrás de esta condición había manos de fuerza”, manifestó.
Polanco declaró que la jueza estaba influyendo en el caso para ocultar pruebas y proteger al presunto responsable del accidente, el menor de edad.
“La propietaria del vehículo que se trata de una magistrada que fuera de aplicar justicia lo que quería era ocultar y no dar justicia a estos familiares”, declaró.
Según el abogado, venían órdenes del Ministerio Público del Centro de Automovilismo de que no podrían recibir la denuncia en Santo Domingo Este “porque supuestamente esta persona ya se había presentado, sin embargo, antes de eso, no nos dieron ninguna información sobre el altercado”.
Narró que cuando ya iban a recibir el acta y el director de Digesett autorizó a que se haga la denuncia, salió esa información.
Polanco anunció que depositarán una denuncia formal ante el Consejo del Poder Judicial para que se investigue el caso.
“Mañana (este lunes) estaremos, todavía no hemos definido la hora, pero estaremos depositando en el Consejo del Poder Judicial una denuncia de investigación sobre la actuación de la magistrada que intervino en este proceso investigativo”, expresó.
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