Santiago.- El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago se reservó este martes el fallo de solicitud de medida de coerción contra tres de los implicados en el caso Halcón IV.
Juan de Dios Hidalgo, abogado de uno de los imputados, explicó que el magistrado se reservó el fallo para el jueves debido a que se planteó un incidente de “nulidad del acta de allanamiento”, de los imputados, debido a que el Ministerio Público “cometió una serie de irregularidades”.
Los imputados son Daniel Alfredo Paulino Cáceres, Fernando Divaris Cruz Valerio y Charle Wilson Mosquea Ovalles (Charly), a quienes las autoridades vinculan a la presunta organización criminal que operaba en varias provincias del norte del país.
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“El Ministerio Público, que ha querido pretender un caso de estructura organizada, no tiene una sola prueba ni documental ni testimonios de teléfonos que pueda vincular a estos tres imputados con la organización que ellos han publicado en los medios de comunicación”, dijo uno de los juristas.
El órgano persecutor está pidiendo prisión preventiva por 18 meses y que el caso sea declarado complejo.
Sobre los imputados
Daniel Alfredo Paulino Cáceres fue detenido durante la intervención en el distrito municipal Cenoví, en San Francisco de Macorís y se le ocupó 14 paquetes de cocaína, con un peso de 16 kilos; una pistola marca Glock, 9 milímetros, la suma de $994,000 pesos y 3,127 dólares estadounidenses en efectivo.
Mientras que Fernando Divaris Cruz Valerio, fue detenido en otro de los allanamientos en los Cerros de Gurabo en Santiago, incautándole una escopeta calibre 12 milímetros y una pistola 9 milímetros, ambas ilegales.
Por su parte, Charle Wilson Mosquea Ovalle alias Charly, de acuerdo al documento acusatorio, es el encargado de administrar y lavar el dinero proveniente de la venta de sustancias controladas, administrando el punto de drogas de Pekín en esta ciudad, y encargado de guardar las armas de fuego de otro miembro de la red.
Aunque fueron 10 los apresados, sólo a 3 personas se les solicitó medida de coerción.
Dentro de los señalados como cabecilla de la red de narcotráfico y sicariato, figura Joel Ambioris Pimentel García (La J), quien ha sido señalado como la persona detrás de las amenazas de muerte en contra de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
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